La Comisión Provincial de Gobierno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén se ha constituido este miércoles, dando cumplimiento a la orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio del pasado 16 de diciembre tras la dimisión de la totalidad de las vocalías que componen los órganos de gobierno de la Cámara.
Su creación se tomó en marco de la Dirección General de Comercio, como administración que ejerce las funciones de tutela de las cámaras de comercio andaluzas –que comprende el ejercicio de las potestades administrativas de aprobación, fiscalización, resolución de recursos, suspensión y disolución previstos legalmente– en coordinación con el Consejo Andaluz de Cámaras, como órgano consultivo, de asesoramiento y colaboración con esta Administración tutelante y que representa y coordina todas las cámaras de comercio de la comunidad.
Esta comisión provisional de gobierno fue creada atendiendo al informe emitido por el Gabinete Jurídico de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y tiene a su cargo la gestión de los intereses corporativos exclusivamente durante el período de suspensión. Este órgano colegiado realizará las actuaciones necesarias para conocer la situación contable, financiera y patrimonial de la Cámara jiennense.
Está compuesta por una presidencia y un total de diez vocalías ostentadas por representantes de la dirección general de Comercio, de la delegación territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén, del Consejo Andaluz de Cámaras de Andalucía y de dos expertos en la materia.
El órgano colegiado, según informó la Junta el pasado día 22, supone el inicio de la resolución de la difícil situación económica que la Cámara de Jaén y que dio lugar el 26 de octubre a la dimisión en bloque de la directiva. Esta comisión dispondrá de tres meses para elevar a la Administración tutelante un informe completo sobre la situación y viabilidad de la Cámara de Jaén, que determinará la adopción de las medidas contempladas en la normativa vigente.
La presidenta de la comisión será la subdirectora de la Dirección General de Comercio, María José López López. Dentro de las diez vocalías, dos se corresponden con expertos Sergio Berrios Mesa y Rafael Peralta Arco.
La dimisión de la directiva en pleno de la Cámara de Comercio de Jaén se llevó a cabo, según recoge la publicación en el BOJA de la orden, tras la no aprobación de las cuentas de liquidación de los presupuestos de la entidad correspondientes al periodo comprendido entre el 22 de julio de 2014 y el 30 de septiembre de 2016 por no ir acompañadas del correspondiente informe de auditoría, ante la ausencia de recursos económicos para afrontar el gasto del encargo de dicho informe.
Además no se podían aprobar por imposibilidad técnica puesto que las cuentas correspondientes al ejercicio 2013 no fueron correctamente finalizadas, cerradas y por tanto, auditadas.
SERIAS DIFICULTADES
La Cámara de Comercio e Industria de Jaén, una de las seis más antiguas de España, atraviesa serias dificultades desde hace varios años. Se hicieron especialmente visibles con la dimisión en marzo de 2014 del presidente, Luis Carlos García, tras la sugerencia por parte de la Junta que, además, intervino como administración tutelante ante una situación ruinosa con una deuda que rondaba entonces los seis millones de euros y con la plantilla en huelga por impagos.
De este modo, se creó una gestora para pilotar el proceso electoral para designar a una nueva dirección. Hubo una única candidatura: la de Manuel Barrionuevo, que accedió a la presidencia del organismo en julio de 2014. Con su equipo, en los poco más de dos años que estuvo al frente trató de buscar soluciones que garanticen la viabilidad de una entidad con más de un siglo de historia, como la venta a la Diputación de su edificio en la calle Hurtado, aunque ha tenido en el freno a los ingresos provocado por las demandas de extrabajadores uno de los obstáculos más importantes.
De forma paralela, además, el estado de la Cámara de Comercio e Industria de Jaén ha llegado a los tribunales después de que la Junta, durante su intervención, encargara una auditoría que vino a constatar la «pésima gestión» realizada entre 2012 y 2013 y que también detectó «posibles operaciones irregulares» por valor de más de 200.000 euros.
Visto el resultado, el Gobierno andaluz trasladó el informe al fiscal y se mantiene abierta una investigación en el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén. El pasado 7 de septiembre el expresidente Luis Carlos García y otras seis personas más, todas ellas vinculadas al equipo rector de la institución, fueron detenidas por presuntas irregularidades cometidas entre marzo de 2010 y marzo de 2014.
