La banca bien gestionada, tanto pública como privada, ha sido un factor clave para la economía y el desarrollo de nuestro país. A pesar de la mala imagen de la banca comercial, sobre la que también caben otras reflexiones, su participación en nuestra actividad económica se hace imprescindible, especialmente si nos centramos en su papel de intermediación. Sin embargo no podemos olvidar las sobradas muestras de nefastos resultados provocados por una inadecuada gestión, determinando que numerosas cajas de ahorros y algunos bancos hayan necesitado, según el último balance publicado por el FROB, 56.545 MILLONES DE EUROS entre capital y productos híbridos, y otros 2.326 millones en garantías adicionales, de cuyos importes, de acuerdo con las estimaciones de la propia entidad, sólo se podrán recuperar 9.729.
Sin embargo el FROB incluye en su informe que su intervención supuso el rescate de bancos que tenían 357.756 millones en depósitos de clientes cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, organismo que no hubiera podido cumplir con su función, por lo que el Estado debería haber salido al rescate de los depositantes, lo que hubiera originado el desembolso de inmensas sumas de dinero estatal para salvaguardar el sistema financiero español que, no obstante, se ha dejado por el camino el cierre de 20.000 oficinas y casi 100.000 empleos. Para botón más reciente centren su mirada en la resolución acelerada del propio Banco Popular.
Todo parece indicar que el programa del nuevo gobierno, formado recientemente, retoma el debate, quiero entender más ideológico que pragmático, sobre la necesidad de crear un banco público, en torno a la nacionalizada Bankia, entidad que, recordemos, fue socorrida con 22.424 millones de euros para evitar su quiebra. La intención que alimenta este debate se justifica bajo la pátina de facilitar financiación a las pymes, los autónomos y propiciar la internacionalización de las empresas, aunque, en realidad, el objetivo, en mi criterio, no es otro que ser utilizado como instrumento de apoyo al programa de política económica y, de alguna forma, un guiño al sesgo populista que propugna uno de los partidos que integran este nuevo gobierno.
Y, por otro lado, esa función específica que señalan en torno al respaldo financiero de las pymes impulsada desde un banco público, en mi criterio, parece un tanto innecesaria actualmente, ya que, si de lo que se trata es de apoyar a ese segmento concreto para obtener financiación más fácil y barata, esas funciones ya las desarrolla el ICO y, por otra parte, la banca comercial de nuestro país está dirigiendo sus estrategias comerciales preferentemente a este sector del mercado.
En cualquier caso, aunque el debate, por el momento, sólo permanece en el limbo de las propuestas, esta iniciativa tendría alguna virtualidad si realmente la gestión del banco estuviera comandada por un equipo directivo sin vinculación alguna con el ejecutivo y siempre que su función principal fuera el apoyo real a las pymes españolas y, sobre todo, a los emprendedores, especialmente jóvenes, cuyas posibilidades de financiar sus proyectos queda abortado en la mayoría de los casos por no encontrar apoyo financiero, ni amparo en la actividad comercial de los bancos comerciales. Si no fuera así, sin duda existiría el riesgo de utilizar el mismo para subvertir la finalidad de sus objetivos en beneficio de intereses partidistas, lo que, sin duda, conduciría a convertirse en otro sumidero de fondos públicos.
