El predominio tradicional del cometido que desarrollan los bancos, dentro del variado y numeroso repertorio de intermediarios que operan en los mercados financieros, se justifica por la amplia intermediación financiera que desarrollan permitiendo una interrelación, con el mayor grado de eficiencia, entre diferentes agentes, demandantes y oferentes de fondos.
Si la actividad bancaria tradicional es fundamental para el desarrollo de la economía de un país, su misión excede de la mera intermediación entre prestamista y deudor porque también es el garante de la viabilidad de un sistema basado en la confianza, por eso sus funciones y su importancia le han convertido en uno de los agentes más regulados e intervenidos de la economía. Sin embargo, también es tradicional el debate que subsiste en la sociedad basado en el privilegio en exclusiva del que gozan los bancos gracias a la socialización de las pérdidas, lo que supone una protección que confiere una significativa ventaja a este modelo de negocio y facilita maximizar su rentabilidad.
El sistema financiero español ha sufrido en los últimos años una transformación, sin igual en toda Europa, debido a la necesaria intervención que el Estado debió realizar, con un costo de 60.178 millones de euros, para salvaguardar la confianza en el sistema, muy desacreditada por el deterioro que la anterior crisis deparó a algunas entidades financieras, generalmente cajas de ahorros, lo que obligó a que de 56 entidades operativas en nuestro país en 2008, subsistan ahora solo 12. Pero esta minoración de su capacidad operativa instalada, de acuerdo con las opiniones más generalizadas, no se ha dado por terminada como demuestra la fusión anunciada entre CAIXA Y BANKIA, ya ratificada por sus juntas de accionistas, a la que se ha unido la de UNICAJA Y LIBERBANK, a falta de ratificación, y las que deberán seguir produciéndose, ya que, según diversas fuentes, otras entidades están estudiando la mejor alternativa dentro de las opciones posibles.
A pesar de esas prebendas, señaladas anteriormente, la coyuntura actual está generando unas dificultades añadidas al estrecho marcaje que las instituciones supervisoras y reguladoras dictan para preservar la buena salud de los bancos y respaldar la confianza de los usuarios en el sistema. Si ya los bancos suspiraban por ver la finalización de la etapa de los tipos de interés oficiales en el nivel cero o, incluso, negativos, lo que ha provocado un brusco e intenso estrechamiento del margen por intereses, ahora se han visto doblemente presionados por otros aspectos derivados de esta nueva crisis. El más que previsible incremento de la morosidad, como consecuencia del deterioro de las capacidades de sus deudores para devolver los préstamos, y el incremento de las provisiones y previsiones dictadas por las autoridades monetarias para atender menoscabos de otra naturaleza o escenarios más comprometidos, destacan, más directamente, por amenazar, de forma inminente, a sus cuentas de resultados.
En esta línea se encuadran las recomendaciones contundentes, tanto del BCE como del BE, sobre la prudencia que deben observar las entidades con respecto al reparto de dividendos, cuya lectura tiene un doble filo ya que si, por una parte, puede resultar aconsejable esta advertencia, como sostienen estas instituciones, resta el mayor atractivo para los accionistas o nuevos inversores o, incluso, puede animar operaciones agresivas, o de otra naturaleza, como argumentan las entidades, especialmente si nos remitimos al desplome de sus cotizaciones en bolsa de los últimos meses.
Otras amenazas y observaciones de reguladores y supervisores, inquietan al sector bancario, sobre todo a algunas entidades, por lo que, en esta coyuntura, deben extremar sus cautelas para salir indemnes de este complicado escenario.
