El último informe del Instituto de Estudios Económicos sitúa a España en el puesto 26 en el ranking de eficiencia de la gestión de los fondos públicos de los 36 países que integran la OCDE. Nuestro país ha obtenido una puntuación de 87.4 (con base OCDE igual a 100), poniendo de manifiesto que debe mejorar su eficiencia en un 4% respecto a la media de la Unión Europea y de un 14% respecto al promedio de la OCDE.
El análisis de la actividad realizada en cualquier entidad pública reclama una gestión estatal eficiente y eficaz, debiendo realizarse de un modo más sistemático y mucho menos arbitrario. La asignación de gasto a las diferentes políticas y el incremento de la eficiencia del mismo, obligaría a llevar a cabo una evaluación rigurosa y externa de las políticas públicas, aspecto que ha sido iniciado por la AIRef para revisar el gasto con la finalidad de detectar ineficiencias y solapamientos en la Administración Pública, con objeto de contener el gasto, lo que permitiría un mayor equilibrio de las cuentas públicas, permitiendo que la presión fiscal fuera más atenuada.
En una reciente entrevista en prensa al Presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez Sala, señala “que el Gobierno, antes de proponer subidas fiscales, debería hacer un planteamiento serio sobre cómo reducir el gasto público y cómo ser más eficiente con el mismo, y de momento no está dando muestras de ir por esa dirección”, y, añade, “para pedir a la sociedad un esfuerzo fiscal hay que empezar por dar ejemplo. Si hay que remar en una determinada dirección, mejor que lo hagamos entre todos hacia la misma orilla. Decir que no se va a reducir el gasto público o que no se va a aumentar la eficiencia del Estado, no va a fomentar de ninguna forma una actitud positiva de los ciudadanos españoles ante cualquier próximo planteamiento de subida de impuestos…porque, por otro lado, esos incrementos tendrán una especial incidencia en las clases medias, lo que generará un rechazo generalizado”.
Estamos en un momento crucial para aprovechar esta coyuntura y, si somos capaces de compatibilizar un buen uso de los fondos europeos que próximamente llegarán a nuestro país, con un adecuado y eficiente empleo de los fondos públicos, estaremos en la mejor posición para llevar a cabo las reformas estructurales que nuestra economía necesita, porque mientras otros países caminan en esta dirección nuestros postulados distan mucho de este objetivo, y eso provocará nuevos desequilibrios y disparidades con nuestros socios europeos, que se harán más patentes a medio y largo plazo.
