Cuando hablamos de situación económica nos estamos refiriendo al momento económico que atraviesa una economía en un período determinado y a sus perspectivas futuras, que puede ser modificada por la evolución de las variables económicas dando lugar a nuevos escenarios coyunturales.
Coyuntura y estructura son dos conceptos que aluden a dos tipos de escenarios, totalmente contrarios, que puede presentar una economía y que pueden coexistir al mismo tiempo. Así podemos enunciar que la situación es coyuntural o estructural haciendo referencia a la magnitud y temporalidad del asunto. Generalmente cuando hablamos de situación coyuntural nos referimos a un escenario puntual, generalmente cortoplacista, desfavorable para los agentes que conviven en la dinámica económica, que puede ser modificado en un período más o menos cercano, para lo que es necesario introducir cambios inmediatos que permitan converger hacia un escenario más propicio para el crecimiento de la actividad y una mayor expansión del desarrollo económico. Los indicadores que utilizamos para efectuar un seguimiento de la evolución coyuntural de la economía son de diversa naturaleza y, entre los más conocidos y utilizados figuran: el IPC, la variación de los salarios, la productividad, el empleo, el comercio exterior, o el consumo de los hogares.
Otra tesitura muy diferente sería cuando nos referimos a los problemas estructurales de nuestra economía ya que, en este caso, estamos aludiendo a una composición del problema de naturaleza más compleja y extensa cuya modificación requiere de un periodo más enmarcado en el largo plazo. Entre las constantes que determinan estas situaciones caben destacar, entre otros: déficit estructural de las Administraciones Públicas, baja productividad y competitividad, composición del tejido empresarial, ineficiencia estructural política y administrativa, sistema de pensiones no sostenible, o grave déficit por la apuesta I+D.
La crisis pandémica que seguimos sufriendo ha dinamitado buena parte del avance logrado en los últimos años y ha engendrado problemas adicionales a los ya existentes, por un lado de naturaleza coyuntural, como la fácil alusión a los ERTES, el trabajo domiciliario, y de otro los que han recrudecido el entramado de los problemas estructurales, como pueden ser la composición del tejido empresarial, o la configuración sectorial. De alguna forma, ambos grupos de problemas pueden beneficiarse de alguna forma de la aplicación y del destino de los Fondos Next Generation. Pero quizás lo más prioritario es afrontar las graves consecuencias que amenazan la estabilidad económica en forma de inflación galopante, cuya temporalidad no ha sido catalogada todavía por la autoridad monetaria ya que, a pesar de que el BCE sigue insistiendo en su carácter coyuntural, existe el riego de que algunos de los cambios inducidos por el coronavirus terminen convirtiéndose en más permanentes y estructurales, lo que condiciona las modificaciones y medidas que las instituciones implicadas, en este caso el Gobierno y el BCE, deban implementar bien con carácter inmediato o con una proyección sostenida a más largo plazo.
El gobierno tiene constitucionalmente atribuida la iniciativa de la Gestión y Planificación de la Economía y, por tanto, la facultad de definir las medidas necesarias para facilitar la dinámica económica mediante la implementación de estrategias, leyes reguladoras y medidas de cualquier otro índole. Sin embargo las concernientes a las de política monetaria, que se han convertido en un elemento inherente a las políticas económicas de los estados, están transferidas al BCE desde la creación de la Zona Euro en 1999, quien es el gestor de las tareas que le han sido encomendadas y que ejerce en el marco de la total independencia de que goza reconocida expresamente por los estados miembros. Entre las competencias concretas figura mantener la estabilidad de los precios, para ello necesita contar con instrumentos adecuados y los más utilizados, entre otros, son la expansión monetaria y el control de los tipos de interés.
Así pues el BCE en su momento, en el ejercicio de sus funciones y bajo la facultad de su total independencia, pudo arbitrar las medidas que estimó convenientes para paliar los negativos efectos de esta crisis provocada por la pandemia. En consecuencia optó por aplicar una lasa expansión monetaria, para ayudar a la economía a absorber las perturbaciones originadas por esta crisis en forma de un programa excepcional de compra de deuda, dotado con 1.85 billones de euros, tanto de estados miembros como de empresas privadas, con el complemento trascendental de mantener unos tipos de interés oficiales históricamente bajos, incluso negativos en algunas facetas, para facilitar una reducción de los costes de financiación. Sin embargo, ante la amenaza que supone le escalada de la inflación, cuyos registros cada día se tornan más de carácter estructural que coyuntural, tiene ahora el gran reto de intervenir para tratar de moderar los efectos perniciosos de estas tensiones inflacionistas.
Así las medidas más inmediatas deben de comprender la retirada moderada y acompasada de estímulos sin interferir el crecimiento, siendo muy prudente con el ritmo de sus nuevas estrategias, tanto por lo que respecta a la reducción paulatina de la compra de deuda y, especialmente si, en su caso, tuviera que actuar sobre los tipos de interés, y, lo que es más complicado, hacerlo con la rapidez adecuada y la eficacia suficiente para evitar la espiral precios y salarios que amenaza a la vuelta de la esquina procurando que las modificaciones no generen a su vez mayores desequilibrios.
En esta misma tesitura se encuentran los bancos centrales más importantes del mundo, que deben afrontar este mismo problema, sin embargo sus decisiones, que siendo comunes en lo relativo a la reducción de las facilidades monetarias, pueden ser diferentes en lo concerniente a la variación de los tipos de interés. Así el Banco de Inglaterra ha sido uno de los primeros en incrementarlos y la Reserva Federal de EEUU ha anunciado tres subidas que se producirán a lo largo del presente año, supeditadas a la evolución de las variables más determinantes y de los propios niveles inflacionarios. El BCE, que ha sido la única gran autoridad monetaria que no ha anunciado una variación del precio del dinero en el corto plazo, está atrapado en una encrucijada cuya definición de momento pospone hasta 2023. No obstante las presiones que está ejerciendo Alemania, comandando un grupo de países, para que actúe con más celeridad, está poniendo de manifiesto, una vez más, las profundas disensiones que existen entre este grupo de países y los del Sur que se verían más perjudicados por una rápida subida de tipos.
En cualquier caso, no cabe duda que cualquier medida que comporte un cambio de las directrices seguidas hasta ahora en política monetaria, tendrá especial trascendencia en la actividad económica. En este caso serán los titulares de créditos o préstamos, tanto particulares como empresas, o las familias con hipotecas, las que puedan sufrir un incremento del coste de sus endeudamientos. También se verán afectados los estados al constatar un incremento del coste de sus endeudamientos, especialmente los más endeudados, ya que no sólo les afectará a las nuevas emisiones sino que puede encarecer el coste de las sucesivas renovaciones. Recordemos que España deberá emitir este año 237.500 millones de euros. La subida de tipos y los anuncios en la misma dirección, están dejando ya sentir sus efectos en los mercados de deuda donde las rentabilidades no paran de subir mientras el precio de los bonos no encuentra suelo. Respecto a los mercados bursátiles no se teme una especial repercusión, aunque siguen presa de una alta volatilidad a la que también contribuye la evolución de los efectos de esta sexta ola de la pandemia y su incidencia en algunos sectores concretos. Mejor pinta para los ahorradores que verán, al fin, retribuidos sus ahorros con relación a las percepciones actuales prácticamente nulas.
Es obvio que cuanto más permanezca la inflación en niveles altos, mayor será el riesgo de que se afiance y permanezca más tiempo del que pronostican algunos Bancos Centrales y otros expertos. Así la constatación de su acometida la podremos evaluar con más fiabilidad a partir del segundo y tercer trimestre de este año, cuando los datos deben confirmar la recuperación de la moderación esperada o de su amenazante expansión. Por tanto lo verdaderamente importante será la evolución de las variables que determinan este aparente cambio del escenario monetario que marcará la velocidad y el momento en que deberán ir aplicándose las medidas necesarias.
IGNACIO VILLAR MOLINA es Economista. Socio de SECOT JAEN
