Por ANTONIO MARTIN MESA / Mañana 15 de octubre de 2016 cumpliremos 300 días con un gobierno en funciones, a medio gas, sin competencias plenas y aplazando decisiones que son ineludibles afrontar para cumplir con nuestros socios comunitarios, garantizar la recuperación económica en nuestro país y alcanzar niveles de bienestar perdidos tras la Gran Recesión que comenzó en 2008.
La situación es realmente complicada. Recordemos algunas cifras. Previsiblemente se cerrará 2016 con un déficit público del 4,6 por 100 del PIB, ello gracias a los 8.300 millones de euros que se recaudarán mediante la modificación en el Impuesto de Sociedades, que permitirá adelantar el cobro como pago fraccionado a cuenta de dicha cantidad (pura ingeniería fiscal que nos obligará en 2017 a adelantar el cobro de 2018 y así sucesivamente).
En 2017 el déficit público deberá situarse como máximo en el 3,1 por 100 del PIB, es decir, que se requerirá un ajuste adicional de 15.000 millones de euros aproximadamente (recuérdese que cada décima de punto de PIB son 1.000 millones de euros). ¿Cómo se obtendrán esos recursos? Se dice desde el gobierno en funciones que una parte vendrá por los mayores ingresos, pero no se especifica cómo. ¿Se incrementará el IVA de algunos productos básicos hasta el 21 por 100 del tipo general? ¿Aumentarán los tipos del IRPF a las clases medias? ¿Se intensificará la lucha contra el fraude fiscal? ¿Se afrontará de una vez el tratamiento fiscal de las SICAV (régimen por el que tributan las grandes fortunas)?
Por la parte del gasto también se habrán de hacer esfuerzos. Desde el gobierno provisional se cifra en 5.500 millones de euros el recorte del gasto. ¿De dónde saldrán estos recursos? ¿Se recortarán sueldos a los funcionarios? ¿Se detraerán recursos de la educación, de la sanidad o de la I+D? ¿Se frenarán las inversiones en infraestructuras? ¿Se recortará el gasto militar? ¿Se buscará mayor eficacia y eficiencia en la actividad de la administración pública?
Todo ello en un país con una tasa de paro de alrededor del 20 por 100 de la población activa, con una deuda pública que supera el billón de euros y con un Fondo de Reserva de las Pensiones camino del agotamiento y que genera no poco pánico en nuestros pensionistas actuales y en las personas que accederán próximamente a este colectivo.
La situación exige –exigía desde el 20 de diciembre de 2015- un gran “Pacto de Estado”, unos nuevos “Pactos de la Moncloa” para entre todos –posiblemente con caras nuevas no contaminadas por un pasado poco edificante- sanear la economía de este país, muy afectada por la crisis, y afrontar una recuperación económica justa y equilibrada, que llegue a todas las capas sociales.
No, no creo que nuestra clase política esté por la labor. Supongo que ustedes tampoco tienen esperanza.
¡Ojalá lleguemos a tiempo y no se congelen los fondos europeos! ¡Cómo sufrirá Jaén si ello se concreta! Serán 1.200 millones de euros del FEAGA (ayudas al olivar), del FEDER (autovías, ferrocarril y EDUSI recién concedidas a Linares, Martos y Úbeda-Baeza), Fondo Social para una de las provincias con mayor paro de España, etc.
