Las declaraciones de ministros y altos cargos de Economía de anteriores gobiernos, que comparecen ante la comisión de investigación sobre la crisis financiera de 2008 y la segunda recesión de 2011, cuyas secuelas aún padecemos, deja una estela de enorme decepción al valorar los criterios y argumentos que han esgrimido para justificar las decisiones tomadas para encarar ambas situaciones económico-financieras.
Basta extraer algunas de las afirmaciones vertidas en las comparecencias tales como “ NOS EQUIVOCAMOS TOTALMENTE” o “ NO ME PARECÍA IR A LAS ELECCIONES CON LA PALABRA CRISIS”, para comprobar que encierran, en mi opinión, una carga de irresponsabilidad absoluta que no tiene, ni siquiera, el atenuante de ampararse en el desconocimiento de la situación, supuesto que se reconoce la misma y su gravedad, ni de la falta de conocimientos para valorar la idoneidad de las medidas necesarias a implementar en aquel momento para encarar la situación crítica de nuestra economía y del galopante y progresivo deterioro de nuestro sistema financiero porque, así mismo, se reconoce “FALTA DE VALENTÍA PARA ATAJAR EL DÉFICIT Y EXCESO DE COMPLACENCIA PARA REGULAR LA GOBERNANZA DE LAS CAJAS” y se admite, por tanto, que, en correcta ortodoxia, se deberían haber aplicado otras estrategias diferentes.
Cabe preguntarse, por tanto, si buena parte de la profundidad de la crisis no corresponde a la inhibición consciente, a tenor de esas manifestaciones de los responsables económicos en cada uno de los períodos analizados, de la falta de idoneidad de los criterios aplicados, de si éstos fueron dictados para evitar el enfrentamiento con los agentes sociales, empresarios y sindicatos, o si, en definitiva, como se ha reconocido, todas las decisiones tomadas tenían como primer objetivo evitar dañar la rentabilidad electoral de sus respectivos partidos.
A partir de las precedentes consideraciones resulta inevitable extender la certeza de que la gestión de gobierno en nuestro país a lo largo de cada legislatura, con independencia de la formación que la asuma, está más dirigida a preservar el menoscabo de la imagen del partido y, por tanto, sus posibilidades electorales, que a proteger y defender los intereses generales del país, aunque obligara a arbitrar las medidas, por muy impopulares que fueran , que cada coyuntura y situación requiera. Ese delictivo manejo de los tiempos y de las conveniencias de las decisiones que se implementan supone, en mi criterio, una total subversión de sus funciones y responsabilidades y una burla para los ciudadanos que esperan, al menos, de sus gobernantes, un rigor absoluto en el tratamiento de los asuntos más trascendentales.
Inmersos en esta dinámica disparatada de la gestión de gobierno al priorizar las posibilidades electorales de los partidos gobernantes antes que los intereses generales, no podemos olvidar, para mayor abundamiento, las arbitrariedades de las que hacen gala muchos otros políticos de las diferentes administraciones al tomar decisiones conscientes (?) de inversiones sin sentido, proyectos descabellados y decisiones incoherentes, que han supuesto el despilfarro de desmesuradas sumas, que podrían hoy equilibrar buena parte del déficit del Estado, sin más objetivo que mantener la hegemonía electoral sin ponderar ni la idoneidad ni la prioridad de las mismas.
