La suspensión casi total de la actividad económica, como consecuencia de la severidad de esta pandemia, está teniendo un impacto muy negativo para el empleo y las cuentas públicas del Estado. Sin embargo, lo que añade más inquietud es que no sabemos cuándo llegará el fin de las restricciones impuestas para combatir la expansión de esta epidemia, para poder valorar los desperfectos reales ocasionados y tratar de recuperar nuestra capacidad productiva, aspecto que, en mi opinión, dependerá de muchas variables.
Por un lado, como he señalado anteriormente, hay que aceptar que, si la severidad de esta crisis nos ha obligado a paralizar nuestra actividad económica de forma apresurada, el período de su reconstrucción estará subordinado a que las medidas que se han implementado hasta ahora, y las que se puedan aplicar en el futuro, surtan los efectos deseados, cuestión que dependerá de la rapidez con que se trasladen a la economía real y permitan ser asimiladas por los agentes económicos, para evitar la ruptura de la cadena de pagos y proveer de la liquidez necesaria para eludir que este trance se convierta en una crisis de solvencia.
Las medidas adoptadas, aun estando encaminadas en la dirección adecuada, adolecen de la concreción necesaria para conocer exactamente la fuente que aportará los recursos necesarios para acometer algunos de los impulsos anunciados. Si algunos países pueden encarar esta crisis con los estímulos propios que les confiere su posición fiscal y financiera, más los fondos establecidos por el BCE, que han supuesto un primer balón de oxígeno y han servido para evitar el peligro de que esta coyuntura se convierta también en una crisis soberana, para otros, como España e Italia, resultan claramente insuficientes.
En cualquier caso, por lo que respecta a nuestro país, resulta claro que el CONSUMO es el combustible imprescindible para que el motor de la actividad económica funcione a las revoluciones deseadas, y para estimular el mismo resulta absolutamente necesario que los agentes dispongan de recursos suficientes para poder llevarlo a efecto. No podemos confiar que en un corto espacio de tiempo, que algunos fijan en el cuarto trimestre, hayamos recuperado el número de empleados que nuestra economía era capaz de mantener antes de iniciarse esta crisis, por lo que el primer eslabón de la cadena debe consistir en que todos los desempleados reciban puntualmente el subsidio correspondiente.
Al mismo tiempo, nos parece muy adecuado el ofrecimiento estatal de garantizar las demandas crediticias de pymes y autónomos. La efectividad de esta medida dependerá, en todo caso, de que los préstamos gocen de unas condiciones especiales, tanto de plazo como de tipos de interés, incorporando, además, algún plazo de carencia, con objeto de que se hagan efectivas de una forma real para atender, al reanudar su actividad, los gastos más perentorios como gastos propios, salarios y cuotas de la Seguridad Social e impuestos. Paralelamente deberían rebajarse las retenciones salariales de todos los trabajadores y pensionistas, para liberar efectivo que pueda ser destinado al consumo, lo que conllevaría una reducción de la escala del IRPF.
Igualmente deberán librarse recursos suficientes para que las administraciones de todo tipo hicieran efectivas con carácter inmediato las facturas pendientes de pago a pymes, autónomos y particulares. En este caso debería facilitarse un crédito extraordinario a los Entes Públicos, si su situación financiera no les permitiera atender este desembolso, cuya devolución se efectuaría en diez plazos, descontando el importe correspondiente de los fondos que reciben de las aportaciones del Estado por diversos conceptos.
Finalmente, aun reconociendo el escaso margen del que dispone nuestro país, tanto en su posición de Deuda Publica, cuya situación a fin de 2019 suponía el 95.50% del PIB, como en el Déficit Fiscal, que se situaba en el 2.7%, la coyuntura de emergencia por la que atravesamos justificaría rebasar estos niveles si no fuera posible que esos recursos provinieran de la UE, bien del MEDE, liberando los condicionamientos inherentes, o de la emisión de Deuda Pública Europea (Eurobonos).
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