El Banco de España ha publicado recientemente la Encuesta Financiera, que realiza cada tres años, relativa a la situación financiera de las familias, en la que se incluyen los aspectos concretos de renta, riqueza, activos financieros, y endeudamiento, con datos referidos a 2017, en la que se destaca, de forma especial, que la evolución de los ingresos de los hogares cuyo cabeza de familia es menor de 35 años, ha descendido un 18% al pasar, en la última década, de 27.700 a 22.800 euros. En la misma dirección, este informe indica un descenso del 8.3% de los propietarios de vivienda en el tramo de edad anteriormente señalado, lo que ha provocado que se haya registrado un incremento del porcentaje de jóvenes que viven con sus padres y, por otro lado, la pérdida del peso de los hogares unipersonales de este colectivo.
Los registros precedentes sugieren unas conclusiones que, además de las ya señaladas, extienden sus consecuencias a otros ámbitos igualmente negativos. Me refiero concretamente a que el deterioro del nivel de propiedad de la vivienda que habitan provoca una mayor apelación al alquiler, incidiendo en un aumento de la demanda que, obviamente, puede conllevar un incremento del mismo. Igualmente esta circunstancia origina que el esfuerzo financiero que deben realizar los que optan por la compra de la vivienda, se haya elevado al pasar del 31,3% al 37,6% de su renta disponible mensual. Por otro lado hay que aceptar que la crisis económica incidió de forma clara en el descenso salarial comentado, especialmente en aquellos que no tienen una cualificación universitaria, ya que en este caso la encuesta sí pone de manifiesto un mejor comportamiento salarial medio.
Además debemos considerar como otro efecto negativo la incidencia en el consumo global con especial repercusión en la actividad económica y sus efectos sobre la creación de empleo. Del mismo modo, también constata esta encuesta que la mejoría del empleo en los últimos años no se ha visto correspondido con una mejora en el reparto de la riqueza producida. La reducción del endeudamiento financiero en este segmento, el aumento del saldo migratorio, sobre todo de los más cualificados, son algunas otras consecuencias a tener en cuenta.
No parece fácil revertir una situación que no es coyuntural sino que responde a una consecuencia lógica que dimana de las medidas implementadas en los últimos años con el fin de salvar la crisis económica, pero que, como estamos constatando, está cosechando unas secuelas de difícil solución agravadas por el balance demográfico de los últimos años. A tal fin parece necesario que se analice si el funcionamiento del mercado laboral y el educacional están aportando a la población en general y, especialmente a los más jóvenes, los recursos suficientes para soportar un nivel de actividad económica que permita reducir el alto índice de paro que existe, de forma más significativa, en este segmento, y elevar las rentas salariares del mismo.