Por Antonio de la Torre Olid /
Catalina, de Benalmádena, pidió protección a una jueza ante las amenazas de su marido, que se lo denegó. A posteriori también la denegó cuando la policía local le pidió una orden de alejamiento cuando la descubrió asustada, escondida en su cuarto de baño. Y también denegó la misma petición del fiscal, tan solo unos días antes de que la matase su cónyuge. Podríamos empatizar algo por el hecho de que quizás la magistrada esté hoy algo apesadumbrada, pero hay un hecho carente de toda demagogia: lo que sí hay es una mujer asesinada y cuatro hijos, tres de ellos menores, con la imagen grabada de por vida en su mente, porque el hecho se produjo delante de ellos. ¿Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrirán alguna actuación disciplinaria? Siempre quedará el comodín de decir que las fuerzas de seguridad o el sistema Viogén habían calificado el riesgo como medio, al no haberse producido anteriores agresiones físicas.
Hicieron falta casi un millar de denuncias para que en el caso Errejón, el mismo CGPJ abriese una diligencia informativa para discernir si impone alguna sanción al juez que interrogó a Elisa Moluliaá, por sus preguntas y sus maneras. ¿Sabremos algún día si hay alguna consecuencia?
Al fiscal general del Estado se le investiga por la presunta filtración de datos pertenecientes a la privacidad del novio de Isabel Díaz Ayuso, al hilo de un correo en el que su abogado reconocía la comisión de un delito fiscal. El caso es que aún no hay pruebas al respecto, pero es paradójico que al mismo juez no le hayan dolido prendas distribuir entre las partes el resultado de la investigación de la guardia civil, con datos personales del fiscal general o de su escolta, que ya están en los medios de comunicación. Datos obtenidos tras una orden de registro de sus dependencias y sus dispositivos, respecto a los que de nuevo, de no obtenerse finalmente ninguna averiguación, habrá que preguntarse si una instancia superior al juez determinará alguna consecuencia, en términos de proporcionalidad en la adopción de medidas; o qué ocurrirá si en una apelación se pone en entredicho que rechazara testimonios y cronologías que le ponen en bandeja aportadas por periodistas, que él mismo llamó a declarar, frente a la extrañeza general de dicho rechazo.
En otro caso, en el de Begoña Gómez, un empresario relacionado con ella, también fue objeto de una orden de registro por parte de otro juez, no sólo de su vivienda y sus oficinas, sino que se ordenó a la guardia civil que acudiese al hospital donde estaba ingresado, para requisarle sus dispositivos móviles. Ahora la Audiencia de Madrid ha tumbado la medida, pero ¿habrá alguna consecuencia por la actuación invasiva del togado?
En un caso más, en el de José Luis Ábalos y Koldo, el empresario Aldama es puesto en libertad desde una prisión provisional por otra trama en la que está implicado, la de los hidrocarburos, a cambio de una presunta aportación de información relevante relacionada con el primero de los casos. Se acaba de conocer por ejemplo que una de esas informaciones de calado que iba a ofrecer, el presunto pago de comisiones por parte de una constructora andaluza a cambio de una licitación, no ha quedado más que el archivo por parte de otro juez de esa acusación infundada, el cual ha llegado a invitar a la constructora a que se querelle contra Aldama por acusaciones falsas. ¿Y si durante su salida de la cárcel y a la vista de las falsas expectativas creadas en el caso A, se han podido destruir pruebas de su caso B, habrá alguna consecuencia para el juez que aceptó la medida?
El panorama se completa con asuntos que se alargan durante años y que en algunos casos acaban en un archivo. Pero en todo ese tiempo han dejado colgado de la brocha a un empresario, a un político o a un ciudadano, con consecuencias en su patrimonio, en su reputación o en su estado de ánimo. Pocos casos se conocen de deducción de responsabilidades para un juez, si es que en esa resolución se hubiesen producido dilaciones indebidas.
Y el paisanaje cuenta también con la participación por ejemplo de jefes de gabinete de la presidenta de una institución, nada menos que una comunidad autónoma, que parecen alardear o podrían simular que disponen de información privilegiada procedente de un juzgado, para asegurar que tal o cual va a ir palante. A ello se suma además un coro de seudomedios de comunicación que replican ese discurso.
Un paisanaje en el que también resulta que un abogado, también de uno de esos seudosindicatos que se presentan como acusación popular en numerosos casos, resulta estar a sueldo de un partido político como asesor en el Senado. No sabemos si habrá pedido la compatibilidad en ese ejercicio.
O en el mismo seno de la Administración, en la que desde la cuna de la democracia, Trump se permite cesar al fiscal que llevó alguna acusación contra él en el caso de una modelo, a los que llevaron el caso del asalto al Capitolio o decide ramblar con la mitad de los funcionarios de Justicia; lo que no pueden es salirle pequeños imitadores, que cesen a interventores porque presuntamente no les gustan sus informes sobre las contrataciones sanitarias o porque haya que meterlos en cintura con mano dura (viceconsejera de Economía dixit).
Por mucho que algún lector quiera verlo así, este cuestionamiento de la actuación sobre todo de los jueces no se hace para discernir si debe haber culpabilidades o no en casos abiertos, eso se verá. Ni se pretende sugerir que siempre se dirige contra determinado partido político o gobernantes. Por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez, el exconsejero Güemes del Partido Popular ha pedido dejar de estar imputado, porque sencillamente el juez estableció como premisa falsa en su interrogatorio, que Güemes había dicho Begoña Gómez debía ser contratada en el Instituto de Empresa por ser esposa del presidente del Gobierno. Una vez más, no hablamos de culpabilidades o de partidos políticos, hablamos de jueces, ¿habrá alguna consecuencia para el juez por ese proceder?
En definitiva, se trata de principios constitucionales, del derecho a una tutela judicial efectiva. Estamos hablando de que en muchas de estas actuaciones, se deben dedicar muchos recursos para luego ser invalidadas. Estamos hablando de separación de poderes, de Montesquieu y de quién guarda al guardián.
Hace pocos meses, apenas si Rufián o Iglesias hablaban de la existencia de lawfare en España. Hoy esto forma parte de afirmaciones públicas de responsables políticos, analistas o se introduce como pregunta en encuestas.
Por eso no está de más que se introduzcan reformas legislativas que faciliten becas para que estudiantes sin recursos que quieren ser jueces puedan hacerlo. Y ello se corresponde con el hecho de que en la actualidad, hay un sesgo sociológico, que nos arroja una fotografía que indica que la mayor parte de esa profesión es conservadora. De hecho, no es de extrañar que en la última propuesta que debía aportar el CGPJ para su propia reforma, el ala conservadora haya hecho una alternativa, mediante la cual se insiste en que todos los jueces sean elegidos por los mismos jueces, sustrayendo que parte de ellos procedan de la soberanía popular, a través de la elección por el Congreso de los Diputados.
Por eso tampoco está de más que una reforma legal impida que aseguradoras por ejemplo, subvencionen a asociaciones de jueces, a lo que luego les sería más difícil condenarlas en un pleito. O que los jueces deban aclarar sus ingresos procedentes de la preparación de opositores. O que se alargue el período de incorporación a la carrera judicial desde que dejen su paso por la política. Podrían mientras seguir escribiendo artículos u ofreciendo conferencias en fundaciones, lo que a algunos les ha valido un reproche por su toma de postura ante asuntos sobre los que después debían decidir.
Lo cierto por lo demás, es que ese buen número de jueces incoherentes, no son mayoría sin embargo entre los que abundan en todo el territorio, en muchos casos con una carga de asuntos enorme, con una gran preparación y con una sincera y difícil vocación.
