Los Presupuestos Generales del Estado responden a la estimación o cómputo anticipado de los ingresos y gastos del Estado para el ejercicio siguiente y su contenido determina la política del gobierno de turno en la mayor parte de los ámbitos además de ser la base sobre la que se desarrollará la economía del país en ese periodo. La aprobación de los Presupuestos debe ser refrendada con el apoyo parlamentario suficiente, ya que en caso contrario quedarían automáticamente prorrogados los correspondientes al año en curso, que deben ser desarrollados conforme a los límites y objetivos previstos en los mismos.
No debemos obviar que la base en que se asientan esos criterios utilizados por los gobiernos para la confección final de los Presupuestos, tiene un trasfondo ideológico fundamental que es priorizado en detrimento de la lógica necesidad de adecuarse a la coyuntura económica del momento y a las posibilidades reales de los ingresos que se estimen. Así, en esta ocasión, después de conocer el contenido de los mismos, cabe plantear si es acertado optar, como se ha decidido, por el incremento del gasto público subiendo impuestos que lo compensen, o mantener el rumbo de la moderación presupuestaria para ir reduciendo la deuda y, a ser posible, bajar impuestos para dinamizar el consumo, como se pretendía hasta ahora.
En mi criterio, en primer término, la precariedad del respaldo del gobierno conlleva una cuota distorsionadora de sus propios planteamientos ideológicos e, incluso, socioeconómicos, ya que deberá conjugarlos con los que les impongan las formaciones convergentes, generalmente con fundamentos y pretensiones muy diferentes, lo que, sin duda, influirá en el desarrollo y aplicación posterior; y, en segundo lugar, que ese respaldo necesario debe proceder de los mismos partidos que ya se lo otorgaron para conseguir el gobierno y, teniendo en cuenta que esas ayudas ajenas no son gratuitas, mucho nos tenemos que la factura a pagar incluya, como es costumbre, concesiones económicas, y, sobre todo políticas, que complicarán más si cabe la situación socio política y económica actual. Por otro lado, si la meta principal de los presupuestos es lograr los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria y reducir la ineficiencia del gasto público, haciéndolos compatibles con las estrategias económicas que demanda la coyuntura en ese momento, todo parece indicar que, en esta ocasión, prevalece, sobre estos objetivos fundamentales, la necesidad de utilizar los efectos esperados del desarrollo presupuestario, para mejorar las expectativas electorales del gobierno tratando de influir con esas medidas en los ámbitos y colectivos más propicios. Y si esto ya supone una distorsión absoluta de los objetivos predefinidos, alcanza el mayor nivel de despropósito si, como nos tememos conlleva la concesión a los partidos independentistas de mayor margen político y promesas que puedan suponer atentar contra la unidad del país.
Esta ha sido, en la reciente etapa de la democracia española, la senda por la que, en la mayoría de legislaturas, ha discurrido la estabilidad del país: gobiernos rehenes de estos partidos que han priorizado siempre sus pretensiones políticas secesionistas a la estabilidad del país y que, paso a paso, están consiguiendo, además de prebendas económicas discriminatorias, divisar cada vez más cerca sus objetivos separatistas.
