La incertidumbre política genera inquietud, inseguridad y desconfianza en la dinámica general y, concretamente, tiene efectos adversos para la macroeconomía, porque amenaza con cuestionar las expectativas de futuro y ralentizar la actividad económica. En parecidos términos se ha pronunciado el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sobre la situación política española en el transcurso de la X Jornada sobre la banca celebrada en Valencia.
Pero el desarrollo de la actividad económica requiere, además de su propia y espontánea dinámica, de un marco global que está conformado por los agentes, internos y externos, que intervienen, bien directa o indirectamente, en la misma y cuyas decisiones tienen una trascendencia esencial para su evolución. Así, en términos generales, existe el consenso total de que los inversores rechazan las etapas, más o menos prolongadas, de inestabilidad política porque en estas situaciones suele acentuarse el riesgo de incertidumbre cuyo principal efecto, como hemos señalado, es distorsionar y retraer la actividad económica. Por el contrario, en una situación de estabilidad política, dentro de un entorno que garantice la seguridad jurídica y la consistencia del marco político, la iniciativa empresarial se ve reforzada y propicia nuevos proyectos que, en definitiva, son imprescindibles para mantener y alimentar un adecuado nivel económico.
Es más, en el contexto actual está claro que el Estado, como agente destacado del escenario económico, tiene un papel predominante que abarca tanto la estructura legal para el ordenamiento del sector público y privado como el desarrollar las iniciativas estatales en orden a invertir en bienes y servicios para distribuir la riqueza o proveer bienes. Por otro lado, a través de sus políticas macro puede evitar o, al menos, minimizar, los efectos de las coyunturas económicas recesivas o impulsar las acciones necesarias que coadyuven a mejorar la dinámica económica.
Así mismo no podemos omitir, dentro de este escenario, la acción seductora que la estabilidad política, dentro de un marco jurídico consistente, proyecta sobre la inversión extranjera, actuando como un reclamo eficaz para incrementar el ritmo de la actividad económica nacional. Es por esto que en una coyuntura global impregnada por la incertidumbre que está generando aspectos tan determinantes como el conflicto comercial entre EE.UU. y China, las consecuencias irreparables para las economías, especialmente de la UE, que provocará un Brexit abrupto, y las negativas perspectivas que estamos constatando en relación con un enfriamiento global de la economía, según confirman los últimos datos conocidos, es más que nunca necesaria la estabilidad política. Para mayor abundancia anoten que la inversión extranjera en nuestro país disminuyó un 63% en el primer trimestre de este año.
A tenor de las precedentes reflexiones no parece que la situación política en nuestro país sea la más propicia para animar la iniciativa inversora, tanto autóctona como exterior, ya que, como ha resaltado la ejecutiva de la CEOE en su última reunión, la parálisis política incrementa la vulnerabilidad de la economía española y resta competitividad a nuestra economía, impidiendo, por otro lado, que el gobierno implemente las reformas estructurales y medidas jurídicas, fiscales y económicas para hacer frente a los retos sociales y económicos a los que se enfrenta nuestro país.
