Por ANTONIO MARTÍN MESA / Hasta la segunda mitad de los años 80 del siglo pasado las pensiones tuvieron un crecimiento sostenido. Sin embargo, a partir de esos años, empezaron a aflorar algunos problemas que hicieron temer sobre su sostenibilidad a largo plazo, tales como el crecimiento del número de pensionistas (envejecimiento demográfico, aumento de la esperanza de vida, jubilaciones anticipadas, nuevos colectivos beneficiarios, pensiones no contributivas, etc.), defectos en el diseño institucional y problemas de gestión y control (acceso fraudulento a pensiones de invalidez, corto período de tiempo utilizado para calcular la pensión inicial por lo que la inflación se transmitía rápidamente a las pensiones, etc.).
Desde 1985 se han venido sucediendo una larga serie de reformas que han pretendido darle continuidad a largo plazo al sistema público de pensiones. Denominadores comunes de todas ellas (1985, 1997, 2001, 2007, 2011 y 2013) han sido: elevación del período mínimo de cotización para tener derecho a la pensión (de 10 a 15 años), ampliación del promedio de bases de cotización para el cálculo de la pensión inicial (de 2 a 8 años, a 15 en 1997 y hasta 25 años en 2011), retraso de la edad legal de jubilación (en 2027 requerirá tener 67 años, salvo para los que hayan cotizado 38,5 años, que sí lo podrán hacer a los 65), separación de las fuentes de financiación del sistema (cotizaciones para las pensiones contributivas y transferencias del Estado para las asistenciales), aumento del período de cotización para tener derecho al 100% de la pensión (37 años en la actualidad), desvinculación de la revalorización de las pensiones en función de la inflación (a partir de 1 de enero de 2014).
¿Cuál es la preocupación actual? No es otra que las reiteradas informaciones sobre la reducción del denominado Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la “hucha” de las pensiones en el argot popular). En efecto, a ese Fondo se destinaron los superávit del sistema, hasta alcanzar un máximo de 66.815 millones de euros en 2011. Desde ese momento han sido continuas las retiradas de fondos, como consecuencia del déficit constante que presentan las cuentas del sistema de la Seguridad Social. En 2016 cerraremos el ejercicio con un saldo aproximado de 15.000 millones de euros (sólo en el año en curso se han retirado más de 20.000 millones), por lo que la “hucha” apenas llegará a pagar la “extraordinaria” del próximo mes de junio de 2017. Ahí está la preocupación.
Es evidente que el gobierno no podrá dejar quebrar el sistema. A corto plazo se emitirá deuda pública para financiar el déficit, es decir, se garantizará su continuidad por el Estado. Ahora bien, a medio y largo plazo se requieren nuevas reformas, nuevas concepciones que permitan la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España. Sugiero que se mire a lo que se hace en los países desarrollados de nuestro entorno más inmediato de la Unión Europea (Austria, Alemania, Dinamarca, Finlandia, etc.). A lo mejor encontramos ejemplos a imitar.
