Por ANTONIO MARTIN MESA / El pasado 31 de octubre Mariano Rajoy juró el cargo de presidente del gobierno ante el Rey Felipe VI, poniendo punto y final a un larguísimo período –inédito en la actual etapa democrática- de gobierno en funciones. En total han sido 315 días de interinidad, con todos los efectos negativos que ello comporta, tales como incertidumbre política, empeoramiento de la imagen internacional, inhibición de procesos inversores, aplazamiento de decisiones de gasto, etc.
Ya tenemos gobierno, ahora le toca gobernar, es decir, tomar decisiones y ejecutarlas, además, teniendo en cuenta que en el Congreso no tiene mayoría suficiente para sacar adelante sus proyectos y propuestas, sino que tiene que pactar con otros grupos parlamentarios.
Revisemos algunos de los retos más inminentes que, en el ámbito económico, tiene que afrontar el nuevo gobierno de España:
– El primero, sin duda, es el de fijar el “techo de gasto” que permita tramitar los Presupuestos Generales del Estado para 2017. En 2016 el mismo se fijó en 123.394 millones de euros. El necesario ajuste fiscal aconseja que deba ser rebajado para el ejercicio entrante. Previsiblemente se efectúe un recorte de alrededor de 5.000 millones hasta dejarlo en un techo máximo de 118.000 millones de euros.
– A partir de ahí se deben tramitar los Presupuestos de 2017. Otra cifra aparece en el horizonte, cual es la obligación de alcanzar un déficit público máximo del 3,1 por 100 del PIB. Ello obliga a ajustar ingresos y gastos. Por el lado de los ingresos ya se tiene asumido que el Impuesto sobre Sociedades deberá reducir/eliminar bonificaciones y exenciones, al tiempo que incremente sus tipos impositivos. Se subirán los Impuestos Especiales (bebidas alcohólicas, tabaco, hidrocarburos) y no habrá modificaciones sustanciales en IVA e IRPF.
– El gobierno deberá afrontar, en el marco del Pacto de Toledo, la reforma del sistema público de pensiones, que una vez más –esto ocurre de manera cíclica- parece en entredicho su viabilidad a medio plazo. Mientras se alcanza un adecuado nivel de consenso al respecto, parece claro que las actuales reducciones de la “cuota plana” (50 euros para nuevos autónomos y 100 para la contratación de trabajadores indefinidos) pasarán a ser consideradas como bonificaciones y, como tales, a ser financiadas por los Presupuestos del Estado y no por la Seguridad Social. Asimismo, las pensiones de viudedad y orfandad podrían correr igual suerte y dejar de ser una carga en las cuentas de la Seguridad Social. Medidas correctas, pero insuficientes para afrontar el déficit estructural de la misma.
En el horizonte inmediato también se sitúa la actualización del salario mínimo interprofesional, la nueva financiación de las comunidades autónomas y la fijación del déficit autonómico para 2017, la reforma laboral, la lucha contra el fraude fiscal, etc., etc.
En fin, un panorama apasionante si no fuera porque ello se da en un país con un inasumible nivel de desempleo, tal y como son los 4.320.800 parados que estima la EPA del tercer trimestre de 2016, lo que equivale al 18,91 por 100 de la población activa, tasa de desempleo que en Jaén se dispara hasta el 33,22 por 100, la mayor de todo el país.
Este último es el principal reto del nuevo gobierno.
