Todo parece indicar que la evolución de los dos indicadores básicos que determinan la política monetaria, cuyo control corresponde exclusivamente el BCE, no contribuyen a facilitar su proyectada hoja de ruta en este aspecto, ya que los últimos datos conocidos señalan un escenario muy distinto al diseñado por este organismo. Así lo indican tanto el PIB de la Zona Euro, que se ha contraído hasta el 1.8%, por debajo de sus previsiones cifradas en el 2.3%, como el dato de la inflación de la región que sólo ha escalado hasta 1.4% cuando las estimaciones realizadas lo situaban en el entorno del 2%.
La intensidad del deterioro de la actividad económica en el conjunto de la zona y especialmente en algunos de los países más destacados, como Alemania, cuyo avance final para el pasado año solo será del 1.5%, estimando un crecimiento para el 2019 de un pírrico 1%, e Italia, que ya acumula dos trimestres de crecimiento negativo que dan lugar a la entrada en recesión técnica, junto al lastre que supone aspectos como las tensiones comerciales, la debilidad de la demanda o el estancamiento de la economía global, sin olvidar las secuelas que puede generar una salida abrupta del BREXIT, que pueden obligar al BCE a retrasar sus intenciones de ralentizar su política monetaria, lo que comprendería la retirada de los estímulos no convencionales y el retraso de la escalada de los tipos de interés oficiales, en niveles ahora del 0%, cuyo inicio, hasta ahora, estaba señalado para el último trimestre de este año, modificaciones que, según todas las opiniones, quedarán supeditadas, en cualquier caso, a que la evolución en los sucesivos trimestres de los indicadores comentados, permitan un viraje contundente del escenario actual.
En consecuencia, si a lo largo del año se va confirmando la ralentización de la situación macroeconómica obligaría al BCE a adecuar su política monetaria, lo que generaría, sin lugar a dudas, unas repercusiones importantes tanto para la propia dinámica de la actividad económica de los países del grupo como, así mismo, para los actores que pueden verse más afectados por esas decisiones, como las entidades financieras y los propios ciudadanos, especialmente para ahorradores y endeudados.
A los países del área porque el freno del consumo interno incide claramente en la recaudación de impuestos provocando, entre otros efectos indeseados, un desajuste de los ingresos presupuestados y del control del déficit. Para las entidades financieras, porque retrasaría la recuperación del margen por intereses para aliviar sus cuentas de resultados, a pesar del tenue goteo alcista que denota el Euribor a un año, y, por último, para los ciudadanos, ya que en el caso de los ahorradores seguirán soportando remuneraciones nimias por sus capitales, obligándoles a asumir riesgos en otras inversiones en busca de mayores rentabilidades. Quizás la mejor parte corresponda a los endeudados, que comprobarán una menor intensidad en la esperada escalada de la letra mensual de sus préstamos.
