La lamentable y polémica decisión de Estados de Unidos de gravar las exportaciones españolas de diversos productos, entre los que se encuentran de forma más destacada el aceite de oliva, ha puesto de manifiesto, una vez más, la vulnerabilidad del sector oleícola, especialmente por su influencia en nuestra provincia. No minimiza esta impresión el hecho de que, según los cálculos realizados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), el gravamen económico final se concrete en 1.7 millones de euros, cantidad que, aun siendo importante, puede suponer una reducción importante en relación a las primeras estimaciones efectuadas.
Tampoco soslaya la calificación de fragilidad del sector en nuestra provincia la esperada decisión del Comité de Mercados Agrícolas de la UE, autorizando la activación del almacenamiento privado ya que, aun aportando una vía que puede favorecer la configuración y estabilización de los precios, medida que se ve acompañada por el anuncio de la Junta de Andalucía de arbitrar medidas adicionales, en forma de facilitar líneas de financiación gratuitas para regular los intervalos de comercialización, y, de otro lado, de solicitar al Ministerio de Agricultura la creación de un fondo que fortalezca esta iniciativa, no supone la solución definitiva para el sector.
En repetidas ocasiones me he referido a las acciones que son absolutamente necesarias para paliar la situación de desventaja que mantiene el sector oleícola en el control del mercado, y, por ende, en la configuración de los precios. La inadecuada interacción de los agentes que intervienen en la fase de comercialización contribuye, junto con la atomización de la oferta, a disociar al sector productivo en beneficio de una demanda que progresivamente ha usurpado el derecho de intervenir decisivamente en los mercados, para incidir sobre los precios y obtener el mayor lucro para sus intereses. La premura en la venta a granel de las producciones a otros países competidores, es el resultado de una acomodación resignada a renunciar a conseguir el valor añadido que obtienen esos otros países, que son capaces de vender a precios muy superiores; la banalización de que es objeto el aceite, sobre todo en las grandes superficies, donde es vendido a precios de oferta y utilizado como reclamo para potenciar la venta de otros productos; impulsar la actividad de la Agencia Interprofesional del Aceite para incrementar las campañas publicitarias que estimulen el consumo interno; y la búsqueda de nuevos mercados exteriores, son otras vías que, en mi criterio, incidirían en una mayor posibilidad de influir sobre el control de los precios.
A pesar de que en los últimos años se ha avanzado en las directrices señaladas anteriormente, no se advierte una movilización más decidida que realmente permita ganar la batalla del control de los mercados y, consecuentemente del precio. Las ayudas ahora conseguidas requieren de una fuerte y general determinación para transitar por la dirección adecuada para conseguir los objetivos deseados.
