Si para una empresa conseguir el mayor grado de eficiencia significa un ahorro de costes decisivo para aumentar la productividad y la rentabilidad, para el Estado la eficiencia del Gasto Público alude a los efectos que este tiene sobre las condiciones económicas y sociales de los países y sobre la vida cotidiana de la población, en relación con los recursos utilizados. Su medición se determina en función de qué porcentaje del presupuesto, asignado a los agentes en cada año, ha sido utilizado para cumplir con los objetivos previstos, ya que las deficiencias en la gestión del gasto público dan lugar a que se malgasten recursos que no generan satisfacción o bienestar en los ciudadanos, por lo que la finalidad real debe tender a conseguir para los ciudadanos el mayor nivel de prosperidad con el menor grado de utilización de los recursos disponibles.
No debe haber ninguna duda de que los efectos de esta nueva crisis van a requerir de una utilización de recursos públicos que nos obligará a exceder abiertamente, sobre las desviaciones ya previstas en las primeras estimaciones, los límites relativos a los niveles fijados por la UE en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en cuanto se refiere al Déficit Fiscal y al nivel de Deuda Pública. En cualquier caso, a pesar de materializar estos importantes excesos, seguiremos estando muy supeditados a la consecución de los Fondos Europeos ya estimados en 140.000 MM de euros para nuestro país.
Si en cualquier coyuntura debemos exigir que la gestión de utilización de los recursos públicos se materialice con el mayor grado de eficiencia y productividad, es especialmente necesario que sea más rigurosa y efectiva en los momentos actuales ya que, de acuerdo con el Índice de Eficiencia del Gasto Público, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, que pretende sintetizar las métricas internacionales para permitir una medición y comparación con otros países, España debería mejorar un 14% su ratio de eficiencia para converger con el promedio de la OCDE.
En el reciente debate reabierto sobre la Armonización Fiscal de las Comunidades Autónomas habría que incluir, en mi criterio, algún procedimiento que nos permitiera medir el grado de eficiencia con que se utilizan los recursos públicos en cada Ente Regional pues, como enfatiza, Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la UCLM, “no se puede tachar ni de paraíso fiscal ni de dumping fiscal a una Comunidad cuando actúa dentro del marco que le otorga la LOFCA y normas desarrolladas…” y, añade, “…que el mejor euro es el que está en las manos del ciudadano para consumir, invertir y generar producción, renta y riqueza, siempre que se garanticen los servicios públicos de calidad CON UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS”.
Foto: #ElEconomista.
