Por IGNACIO VILLAR MOLINA / Desde hace unos años la Comunidad de Madrid, haciendo uso de su capacidad normativa, decidió rebajar los topes contributivos en los impuestos cedidos y en aquellos compartidos, provocando un constante debate en el escenario político que se ha intensificado últimamente cuando otras regiones han optado por seguir la misma senda reductora iniciada por esta Comunidad.
La polémica cobra mayor dimensión y eco porque, por otro lado, coincide con la anunciada intención del Gobierno de ultimar un alza fiscal en IRPF y ahorro a rentas altas además de otro impuesto especial a imputar a las grandes fortunas, y sólo incluye algunas modificaciones favorables para las rentas más bajas, muy lejos de las medidas implementadas por otras autonomías que incluyen la deflactación de los tramos del IRPF.
En el fondo subyace la duda de si este recrudecimiento de la controversia está impulsada por una especial relación con el interés electoral, ya que las citas plebiscitarias previstas están a la vuelta del año próximo, lo que significaría otorgar a la campaña la duración más dilatada conocida en los últimos años.
En cualquier caso, como no puede ser de otra forma, los argumentos de una y otra parte son más que controvertidos. El Gobierno y las Comunidades afines tachan de Dumping Fiscal a la Comunidad de Madrid por su inalterable decisión de bajar impuestos durante los últimos años. Basan este criterio en que la bonificación total del Impuesto del Patrimonio, que viene aplicando esta Comunidad desde 2011, provoca que un buen número de contribuyentes de rentas altas de otras comunidades fijen su residencia en Madrid y al estar obligados a presentar sus declaraciones sobre el Impuesto de la Renta en la misma Comunidad, la pérdida de la recaudación del IP puede ser compensada por la externalidad fiscal en el IRPF, lo que beneficia a esta Comunidad al retener el 50% de los ingresos por este concepto. Por otro lado también exponen que, de acuerdo con las declaraciones del Consejero de Economía de la Comunidad, el ahorro total del pago de impuestos de los madrileños ha ascendido a 60.777 millones de euros en los últimos 18 años, pero resaltan que esta Comunidad ha sido la que menos ha dedicado a Sanidad, Educación y Servicios Sociales para el presupuesto de 2022. Y, por último, destacan que las rebajas y subvenciones benefician en su mayor parte a los contribuyentes de rentas más altas.
La respuesta a estas consideraciones ha venido de la mano de la propia Presidenta de la Comunidad. quien últimamente ha sintetizado sus opiniones manifestando: “Llevamos casi 20 años reduciendo la carga fiscal de los madrileños; Madrid es reconocimiento a la labor bien hecha y es respeto por el trabajo y el estímulo. Es cuestión de voluntad política, respeto al esfuerzo del contribuyente y gestión eficaz de los Recursos Públicos. Recaudar no es gobernar. Gobernar es gestionar”.
Como señalaba al principio, esta polémica se ha visto potenciada durante las últimas semanas por la decisión de otras Comunidades de rebajar impuestos, especialmente Andalucía, a la que han seguido otras de la misma identificación política que estas dos, para dar respuesta a los efectos perniciosos que esta coyuntura inflacionista está deparando para los hogares y que especialmente se concreta en la pérdida de su capacidad adquisitiva, medidas totalmente contrarias a las sostenidas por el ejecutivo hasta este momento, si bien otras Comunidades afines al Gobierno han anunciado su intención de actuar en la rebaja de impuestos o deflactar los tramos del IRPF.
Resulta obvio que la solución de este tema pasaría por una armonización fiscal, sin embargo la dispersión y complejidad que entraña el Sistema Fiscal Nacional complementado por los sistemas propios de cada Comunidad hacen cada vez más intrincado abordar este tema que propiciaría otro nuevo e intenso debate sobre el que ya se han quemado algunas etapas en vano. Por otro lado no podemos obviar que la realidad es que hasta ahora la legítima potestad tributaria de las autonomías debe seguir jugando un papel esencial en la captación de talento e inversión, tanto extranjera como interregional. Así mismo, como resalta Francisco Cabrillo en Expansión “porque si en los deseos del ejecutivo subyace la intención de potenciar el federalismo, privar a las comunidades autónomas de regular sus impuestos en el marco de sus competencias sería una media incompatible con la descentralización federal” .
En cualquier caso, en mi opinión, no nos podemos reducir a considerar sólo los aspectos sopesados hasta ahora en este artículo, sino que deberíamos extender nuestras reflexiones sobre otros factores, que soslayamos conscientemente, pero que son también determinantes en la eficacia y en la valoración del resultado final de la gestión del gasto público. Me refiero a ingredientes tales como LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO, LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS A CONSEGUIR, LAS PRIORIDADES QUE PREVALECEN, Y LA ERRÓNEA VALORACIÓN QUE HACEMOS DE LOS FONDOS PÚBLICOS. ¿Se puede considerar que a la hora de medir la eficacia de la gestión deberíamos exigir que todos los agentes debieran conseguir los mismos niveles de eficiencia? ¿No sería deseable que el objetivo final del gasto fuera únicamente mejorar el nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos, olvidando el clientelismo y la captación de los votantes? ¿No debería ser el propio Gobierno de turno el que diera el mayor ejemplo de austeridad y ahorro del gasto, especialmente en coyunturas como estas, cuando exigimos a los ciudadanos sacrificios y ahorro?.
Permítanme para terminar transcribir una vez más algunas de las reflexiones de los participantes en la sesión celebrada el día 31 de mayo organizada por el Consejo General de Economistas y el Instituto de Estudios Económicos sobre la eficiencia del gasto público. Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas: “es necesario evaluar la eficiencia del gasto público, matizando que el debate debería hacerse al margen de la situación coyuntural”. Íñigo Fernández de Mesa, Presidente del IEE y Vicepresidente de la CEOE: “España podría reducir sus gasto público un 14%, lo que equivale a 60.000 millones de euros, y seguir ofreciendo el mismo nivel de los servicios públicos”. Valentín Pich, Presidente del Consejo General de Economistas: “Considero conveniente adecuar los Presupuestos Generales del Estado a la realidad actual; y establecer sistemas de evaluación y control del gasto para evitar desvíos hacia partidas superfluas”.
Estoy seguro que con la aplicación de estas recetas, muchas de las divergencias y controversias que se producen en el actual estado del gasto público de las autonomías en nuestro país serían menores y de más fácil solución.
