Como no podía ser de otra forma el último informe del CIS incluye ya las pensiones como una de las principales preocupaciones que mantienen los españoles. En los últimos meses este tema se ha convertido en centro del debate nacional y está siendo utilizado por todos los partidos para obtener su “bocado” de rentabilidad electoral, dando la impresión de que están más preocupados por conseguir este botín que por ofrecer una solución conjunta ante un problema que, en mi opinión, trasciende más allá de las soluciones que el gobierno de turno pueda arbitrar si no cuenta con un amplio consenso en el que deben participar expertos, y agentes políticos, económicos y sociales.
Sin embargo, siguiendo con el análisis que exige tan complejo problema, cuando las circunstancias que concurren tienen, en buena parte, un origen demográfico, sin excusar al aspecto económico por la trascendencia que en su solución puede tener el nivel de empleo de nuestro país, me gustaría resaltar como una de las causas de la deficitaria situación que mantiene nuestro sistema de pensiones, el volumen de jubilaciones anticipadas que ha sufrido nuestro país en los últimos años, que se erige como una “pandemia” a la que muchos trabajadores, con la cercanía de la edad más o menos próxima, han recurrido, sobre todo autónomos, del sector financiero o de otras empresas damnificadas por la reciente crisis.
En este sentido, según la estadística que muestra los datos de jubilación anticipada, desde el año 2003 hasta el presente, el peso sobre el total de nuevas altas de pensionistas en estos años ha oscilado en torno al 43,5%, realidad que contraviene totalmente la recomendación de los expertos en el sentido de desincentivar el anticipo de esas jubilaciones a fin de garantizar la sostenibilidad futura del sistema. Sólo en el año pasado se produjeron en España 309.157 nuevos jubilados y de todos ellos 134.329 fueron de forma anticipada antes de haber cumplido la edad legal (65 años y cinco meses), lo que representa más del 43% del total, cifra que, con ligeras diferencias, se ha venido repitiendo, como he comentado anteriormente, desde el año 2003.
La razón de que este aspecto sea más pernicioso para el sistema, estriba en que obviamente cuando un trabajador se jubila anticipadamente deja de cotizar y cobra pensión durante un período más prolongado, sobre todo si tenemos en cuenta que la pensión media de los nuevos jubilados es de 1.573 euros, que supone un 40% más de la cuantía media que reciben los que acceden al retiro a la edad legal, que cobran 1.125 euros, aún a pesar de que la cuantía de las jubilaciones anticipadas puedan sufrir el recorte de los denominados coeficientes penalizadores, que pueden suponer un 6%.
Las legítimas manifestaciones de protesta de los pensionistas de los últimos meses, con su coeficiente de manipulación política, no han hecho más que poner de manifiesto la complejidad que atañe al sistema, y ante este escenario la responsabilidad política exige un cambio de actitud de los partidos y agentes implicados, para ofrecer soluciones válidas que no sólo preserven el poder adquisitivo de las pensiones sino, sobre todo, que permitan la sostenibilidad del mismo en el futuro.
