La iniciativa de la empresa jiennense SOFTWARE DEL SOL de reducir la jornada laboral de cada trabajador a cuatro días a la semana, despertó cierta expectación, desde su implantación, por su matiz innovador y reabrió el debate sobre la conveniencia y consecuencias que una medida de esta naturaleza pueda generar en cualquier ámbito de la vida social y económica si su aplicación se generalizara.
La repercusión de la decisión de la empresa jiennense fue, en su momento, muy comentada en el ámbito económico, pero, en el fondo, no pasó de ser considerada como una innovación cuya implantación quedaría limitada para un determinado perfil de empresas pertenecientes a sectores muy concretos. No obstante, recientemente, Más País ha presentado una enmienda durante el trámite de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, proponiendo la aprobación de la reducción de la semana laboral a cuatro días. Esta propuesta, que fue rechazada, ha tenido un eco amplificado cuando Pablo Iglesias, en un programa de TVE, aseguró que le consta que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a trabajar para explorar, en el marco del diálogo social, la posibilidad de incluir esta jornada laboral ante la seguridad de que pueda contribuir a impulsar la creación de empleo.
Conviene recordar que el Gobierno francés, de Lionel Jospin, fue el primero del mundo, hace ya 20 años, que aprobó en 2000 la semana laboral de 35 horas, si bien, dos décadas después, esa normativa ha perdido fuerza y, aunque en esencia se mantiene como otra opción, ha tenido una implantación insignificante. Sin embargo, la Primera Ministra de Nueva Zelanda, ha anunciado, recientemente, que su Gobierno está considerando apoyar la semana de trabajo reducida para fomentar el turismo doméstico y como medida para estimular su economía.
En mi opinión, desde la perspectiva puramente económica y empresarial, es innegable que España debe apostar indefectiblemente por ganar en productividad para poder competir con Europa y así ir ganando la batalla de la credibilidad de acreedores, inversores y mercados en las posibilidades de su economía para generar suficientes recursos que le permitan: reducir el alto desempleo, cumplir con los compromisos adquiridos con sus acreedores para devolver los préstamos recibidos, y reducir la enorme suma de Deuda Pública y el elevadísimo Déficit Fiscal.
Sin embargo, parece evidente que la aplicación de esta innovación compete directamente a los agentes sociales y está condicionada por la misma estructura y finalidad de cada sector productivo y de cada empresa, y, por otro lado, que la modificación de algunos aspectos esenciales que conforman las condiciones de trabajo de los empleados como son: productividad, salarios, horarios, horas extras, armonización, etc., forman parte de la esencia de las condiciones pactadas en cada negociación colectiva, por lo que resulta muy complejo y, casi inaccesible, contemplar un escenario que propicie la implantación de jornadas de estas características con carácter general.
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