En una entrevista a un periódico nacional, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha manifestado: “Europa debe entender que la solidaridad no es caridad. Más allá del BCE, Europa tiene que entender que la solidaridad nos beneficia a todos…”. La firma en 1992 del Tratado de Maastrich supuso el inicio de la más reciente etapa de la UE. En el apartado 7.6 de sus Principios Fundamentales, figuran como objetivos esenciales: la democracia, la paz, la libertad y la solidaridad, entendida como el principio de coherencia y cohesión económica y social de los Estados.
Una encuesta del Eurobarómetro 2018, efectuada entre los habitantes de los diferentes países, sobre el grado de beneficio percibido por su pertenencia a la UE, pone de manifiesto que un 67% son favorables a esta situación, aunque subsisten importantes bolsas de disensiones en el ámbito de cada país, como hemos comprobado con el Brexit. Y, por otro lado, no podemos negar que el Mercado Común ha provocado vencedores y vencidos. Sin embargo, esa mayoría confirma que todos los estados miembros se han visto beneficiados por su integración en el grupo. Los más ricos, generalmente los más industrializados, por el impulso que su creación ha supuesto para la ampliación de un libre mercado, donde vender sus productos, aunque esta circunstancia les haya obligado a ser contribuyentes netos; y, para los más pobres, porque les ha permitido, mediante las subvenciones recibidas, un desarrollo de sus infraestructuras y de su nivel socioeconómico.
La infausta crisis sanitaria está poniendo a prueba, una vez más, la fiabilidad y fortaleza de los resortes de la solidaridad y cohesión de los países que integran la UE porque, por otro lado, la situación financiera de cada uno es muy diferente para encarar este trance con sus propios medios. La cuestión, por tanto, no es otra que definir si esos criterios fundamentales deben asumirse en esta ocasión o, por el contrario hay que admitir las reservas mostradas por algunos países aunque, en principio, desafinan con esos principios básicos.
Por otra lado, aunque esos países, posiblemente, puedan argumentar convenientemente sus discrepancias en cuanto a la solidaridad citada se refiere, deban tener en cuenta que la estabilización de las cuentas públicas, además de ser consecuencia de una prudente y buena gestión, puede estar también originalmente influenciada por otros aspectos que pueden influir decisivamente en su desarrollo. Me refiero concretamente a matices como la estructura del PIB, más firme cuanto menos dependencia existe del sector servicios, como es el caso de España e Italia; o los sistemas fiscales, cuando algunos países propician la elusión fiscal e, incluso la evasión fiscal, implantando una competencia controvertida e impropia que choca claramente con los fondamentos de la U.E.
Es verdad que existe el peligro de que algunos países, argumentando estas u otras razones más concretas y particulares, mantengan endeudamientos y déficits fiscales permanentes muy dispares con los criterios de convergencia establecidos en el Tratado en la confianza de que, en última instancia, en caso de una catastrófica coyuntura como la actual, otros países asociados deban prestar su apoyo para solventar su precaria salud financiera y mutualizar una emisión de deuda que les permita encarar eficazmente esta situación.
En cualquier caso la pandemia ha puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad de que se complete una verdadera Unión en la que se cierren capítulos trascendentales como Unificación Fiscal, Unión Bancaria, Fondo de Garantía de Depósitos y el Mecanismo de Resolución Bancaria, y, al mismo tiempo, se definan y clarifiquen meridianamente los mecanismos y los límites de solidaridad que, en su caso, los Estados miembros deberán asumir conjuntamente en contextos excepcionales como el presente.
