La deuda de las administraciones con Jaén, crece en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. Las cifras cantan, en general se trata de unas cuentas que miran más por los intereses de las grandes corporaciones y los lobbies financieros de Europa que a las poblaciones y a las aspiraciones de la gente a una vida digna con ciertas garantías de que las administraciones públicas dispondrán de recursos necesarios para atender las necesidades esenciales.
Aunque Montoro y el Gobierno de Mariano Rajoy insisten en que el país vive un contexto favorable de recuperación económica y a pesar de que los beneficios de las grandes compañías crecieron durante 2016 a un ritmo cercano al 13%, (según los datos de la Central de Balances del Banco de España), los PGE para 2017, incrementan los recortes con respecto a 2016 en más de 5.000 millones de euros. De esta manera consolidan los recortes de los últimos años y tratan de hacer estructural la destrucción de los salarios, directos y diferidos incidiendo en el mismo tipo de políticas económicas causantes de la crisis.
Con estos 5.000 millones de euros de incremento en los recortes que ya se venían dando, se agranda la brecha social en España, se reduce más aún el peso del gasto público sobre el porcentaje del PIB ensanchando la diferencia entre la media del gasto público en Europa y el peso del gasto público en España. Se recorta el 21% en vivienda, el 11% en infraestructuras y si se excluyen los gastos militares, el presupuesto de inversiones cae un 5%. Al 40% de recortes en prestaciones de desempleo acumulados desde 2011, se le suma un 7% más de recortes en este ejercicio, eso a pesar de que las tasas de desempleo solo han disminuido un 7% en el mismo periodo. En cambio las partidas para fomento de empleo sólo recuperan el 5% del 25% recortado desde 2011. Se ignora la crisis ambiental y en un contexto de cambio climático se recorta en un 45% los programas de lucha contra la contaminación y el cambio climático.
Mientras que desde el inicio de la crisis, el 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de la cuarta parte de la riqueza del país, los PGE, consolidan el 50% de recortes que se vienen aplicando desde 2009 a los programas de atención a la infancia y las familias, así como el 22% de los recortes en dependencia.
Se pone de manifiesto una vez más el machismo de la política económica vigente y mientras que el trabajo no remunerado, dedicado a las tareas de cuidados y sostenibilidad de la vida realizado mayoritariamente por mujeres en España, representa más del 53% del PIB, con las previsiones presupuestarias de atención a la dependencia sólo podrá atenderse al 4% de las personas que actualmente están en lista de espera de la demanda.
La inversión pública volverá a ser la más baja de Europa. Crece el gasto para pagar la deuda y a la misma vez crece la deuda social, el deterioro urbano, el deterioro ecológico, y el deterioro en las condiciones de vida en los barrios de nuestras ciudades.
Si el contexto general es desfavorable, en la provincia y la ciudad de Jaén, el escenario ya es desolador. Situadas tradicionalmente a la cola de las inversiones de la Junta de Andalucía y del Estado, las inversiones estatales desciende un 31,3% y la inversión per cápita se sitúa en los 123 euros por habitante, casi 60 euros menos que la inversión per cápita media del resto del país. La inversión para la provincia prevista es de 22,8 millones, lo que supone un 0,35% de la inversión prevista en todo el Estado, y un 5,8% de la inversión prevista en Andalucía, cuando en realidad en términos de población representa el 1,5% de la población del país y tiene el 8% de la población andaluza.
Esto quiere decir que sin entrar a discutir los PGE, y con independencia de la deuda en inversiones acumulada, si comparamos con la media de inversiones por habitante del resto del país, a la provincia le faltarían unos 70 millones de euros para tener una posición equilibrada en el conjunto del presupuesto y a la ciudad de Jaén 17 millones de euros. O lo que es lo mismo, el Ministerio de Montoro y Fernández de Moya le estarían hurtando a Jaén 70 millones de euros en inversión en el año 2017.
Si establecemos comparaciones entre lo que los habitantes de la ciudad de Jaén aportarán en impuestos y lo que reciben, las cuentas tampoco le salen, faltarían 28 millones de euros de presupuestos para inversiones. Mientras que los impuestos que pagarán los y las giennenses subirán un 4%, disminuye un 22% la participación de la Junta de Andalucía y el Gobierno. Así que mientras que los ciudadanos y ciudadanas de Jaén aportarán unos 58 millones al Ayuntamiento, un 24% de los ingresos, las Administraciones solo contribuyen con 30 millones, el 17% de los ingresos.
Pero si lo comparamos con las ayudas del Gobierno a la banca y al IBEX 35, entonces el agravio comparativo superaría los 500 millones de euros. De acuerdo con fuentes del Banco de España, el importe de las ayudas a la Banca Española entre inyecciones de capital, esquemas de protección de activos, deuda más capital del SAREB, adquisición de activos financieros (FAAF), y emisiones de deuda de bancos avaladas por el Tesoro Público, ascendería a 219.397.000.000 €, que distribuido entre el número de habitantes de la población española, significa que cada ciudadano y ciudadana, habría aportado a ese rescate una media de 4.965 €. Si esto es así, la aportación realizada por los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Jaén a esas ayudas a la banca sumaría unos 570 millones de euros, según los datos del último censo de población. Haciendo el balance desde este prisma es obvio que la deuda más urgente es con la gente y con los territorios más deprimidos como el nuestro.
No se trata de una mera cuestión contable; la política económica, contribuye también a que nuestra provincia tenga una de las tasas de desempleo más altas de España. Según la última Encuesta de Población Activa, la provincia de Jaén tenía una tasa de desempleo del 30,57%, a pesar de tener una de las tasas de actividad más bajas de Andalucía y del Estado. No son más favorables las conclusiones del informe sobre Barrios Vulnerables de España que advierten, cómo en nuestra ciudad entre 2001 y 2011 se pasó de tener 5 barrios en situación de vulnerabilidad a tener 9 y la población que vive en esas condiciones, creció en ese periodo de tiempo de 43.000 a 51.000. En estas zonas la tasa media de paro era en las fechas de elaboración del informe del 42%, llegando a sobrepasar el 50% en muchas de ellas.
Es cierto que los criterios para contabilizar las dimensiones del agravio son diferentes en cada caso y pueden ser discutibles, pero el resultado es que se analicen los presupuestos públicos desde el ángulo que se analicen, Jaén sale perdiendo siempre. Las cuentas no salen. Y llegados a este punto, escuchar los balances complacientes del alcalde de Jaén y del secretario de Estado de Hacienda, produce perplejidad y sonrojo. Hay una estrecha vinculación entre las orientaciones y contenidos de los Presupuestos Generales del Estado o de la Junta de Andalucía, los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Jaén, la política municipal y la situación de la ciudad. Cuando las cuentas no salen, cuando la deuda social, económica y en inversiones con la ciudad es de estas dimensiones, un alcalde debería ser leal ante todo con su ciudad, con la gente que vive en ella y en ningún caso pueden avalar la situación con su silencio o peor aún, autoengañarse o engañar con balances ilusorios. Eso sólo contribuye a que las cosas empeoren.
