Por ANTONIO MARTÍN MESA / Durante el actual mes de febrero se ha constituido una denominada “Comisión de expertos para revisar la financiación autonómica”, auspiciada por el Ministerio de Hacienda y presidida por el catedrático de Derecho Financiero –jubilado- de la Universidad de Jaén, D. Manuel González Sánchez.
Deseo la máxima pericia, éxito y suerte a esta comisión, puesto que es éste un importante asunto pendiente de actualizar, tras haber cumplido más de 36 años la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 1980.
Recordemos que en la LOFCA se establecía para las comunidades de régimen común –todas menos País Vasco y Navarra- un sistema integrado por la financiación incondicionada: Participación en los Ingresos del Estado (PIE), tributos y tasas cedidos (Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y las tasas sobre el juego); la financiación propia (tributos creados por las comunidades autónomas, recargos sobre tributos estatales, ingresos de su patrimonio y operaciones de endeudamiento) y, por último, la financiación condicionada, integrada por los recursos con destino obligatorio (sanidad, educación, etc.) y el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado a corregir desequilibrios económicos interterritoriales.
A lo largo de estas más de tres décadas se han ido introduciendo reformas, consistentes en la mayor capacidad normativa de las entes territoriales y en la cesión creciente de tributos estatales, básicamente. En concreto, el IRPF ha pasado desde la cesión del 15% para el período 1992-1996 hasta el 50% a partir de 2010; el IVA, un recurso estatal no cedido hasta 2002, en que se hizo en el 35% de la recaudación, hasta su cesión en el 50% desde 2010. Igual podemos citar a los impuestos especiales (Hidrocarboros, Tabaco y Bebidas Alcohólicas) cedidos hoy en un 58% e, incluso, los Impuestos sobre la Electricidad, Matriculación de Vehículos y Venta Minorista de Hidrocarburos, cedidos en el 100%. El Impuesto sobre Sociedades es el único no cedido.
El resultado de este proceso de reforma de la financiación autonómica ha sido una progresiva desarmonización fiscal en el mapa autonómico español, la improvisación y la cesión a las presiones de las comunidades autónomas.
Hoy el sistema de financiación es ineficiente, generador de desigualdades entre las comunidades y con una lesiva desarmonización que genera agravios comparativos a los residentes en las diferentes comunidades autónomas.
Pienso que la “Comisión” creada debe reflexionar profundamente sobre las deficiencias del actual sistema y proponer una reforma en profundidad. Hay algunos impuestos estatales que deberían volver a la Administración General del Estado, por ejemplo, Sucesiones y Donaciones, como también el Impuesto sobre el Patrimonio.
Las comunidades deben tener autonomía para generar ingresos y destinar recursos a las inversiones o gastos que estimen pertinentes, pero los impuestos estatales deben generar igualdad a la hora de gravar a todos los españoles, con independencia en el municipio, provincia o comunidad autónoma de su residencia.
