Por ANTONIO MARTIN MESA / El actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) contempla el denominado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, cuyas trasferencias, garantía de equidad y nivelación, tienen por objeto asegurar que cada CA recibe los mismos recursos, por unidad de necesidad (población ajustada), para financiar los servicios públicos fundamentales del Estado del Bienestar (EB). En concreto, la población total se pondera con un 30 por 100, la superficie (1,8), la dispersión (0,6), insularidad (0,6), población mayor de 65 años (8,5 por 100, por los mayores gastos en sanidad), población menor de 16 años (20,5 por 100, por los mayores gastos en educación) y, por último, los restantes grupos de edad (38 por 100).
En principio parece lógico el ajuste. La realidad, sin embargo, es que en Andalucía no ha funcionado y que nos ha perjudicado en términos per cápita. Yo abogaría porque en el nuevo sistema se alteren los porcentajes, por ejemplo, incluir a los jóvenes universitarios y de formación profesional mayores de 16 años. Adicionalmente, se debe garantizar la equidad en términos per cápita.
La bondad de un sistema de financiación se ha de medir con parámetros de equidad y suficiencia. El actual sistema de 2009 pretendía: “Garantizar que, dentro del marco de suficiencia global, los recursos financieros para la prestación de los servicios básicos del EB sirvan para que los citados servicios puedan ser prestados en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, en términos de población ajustada”.
Creo que existe un amplio nivel de acuerdo en que los recursos globales de las CCAA se han demostrado insuficientes, durante y después de la crisis, para atender los gastos de los servicios transferidos.
El principio de suficiencia siempre lleva al debate sobre el nivel de bienes y servicios públicos que queremos para nuestros ciudadanos y, consecuentemente, el nivel de ingresos necesarios. Al respecto, suelen existir dos planteamientos alternativos:
a) Determinemos qué nivel de bienes y servicios públicos (EB) queremos para nuestros ciudadanos y, consecuentemente, diseñemos el sistema de financiación que lo permita.
b) Veamos cual es el sistema de financiación que tenemos y los ingresos que podemos recaudar y, en función de ello, veamos el nivel de servicios que podemos prestar.
Se trata, a mi juicio, de opciones políticas, la vieja controversia de “más Estado” o “menos Estado”. Por consiguiente, si los distintos grupos políticos presentes en el Parlamento quieren llegar a un modelo consensuado de financiación autonómica, tendrán que realizar concesiones.
En mi criterio, la cartera de servicios públicos básicos (educación, sanidad, servicios sociales, dependencia, etc.), debe ser homogénea para todo el territorio nacional y, a partir de ahí, cada grupo podrá aspirar a incrementar la cartera con más o menos servicios y, consecuentemente, a plantear su financiación.
A este respecto, siempre se puede recurrir a la corresponsabilidad fiscal, es decir, si queremos mayor nivel de bienestar y prestar más servicios a nuestros ciudadanos, por ejemplo, pongamos una “renta básica”, concedamos la matrícula universitaria gratuita, ofrezcamos medicina preventiva u otras prestaciones sanitarias hoy no cubiertas, etc. Para ello, incrementemos los tramos autonómicos de algunos impuestos parcialmente cedidos (por ejemplo, del IRPF), introduzcamos nuevos impuestos autonómicos, incrementemos la presión fiscal en los tributos cedidos (Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales, Impuesto sobre el Patrimonio, etc.).
Antes de continuar por esta línea me voy a detener en una cuestión crucial, el problema del desempleo en Andalucía. En efecto, el principal problema de nuestra CA es el alto nivel de paro que soporta. Así, la EPA del tercer trimestre de 2017 sitúa la tasa de paro de Andalucía en el 25,4 por 100 de la población activa (España 16,4 por 100), la tasa de paro masculina andaluza se eleva hasta el 22,6 por 100 (en España el 14,8 por 100), la tasa de paro femenina es del 28,8 por 100 en Andalucía, es decir, 10,6 puntos mayor que en España (18,2 por 100). En el segmento juvenil el desempleo se dispara hasta el 46,0 por 100 en los menores de 25 años y el 60,4 por 100 en los menores de 20 años.
Cualquier sistema de financiación autonómica que finalmente se ponga en marcha ha de tener presente este alto nivel de paro o, lo que es lo mismo, no perjudicar a la creación de empleo.
La teoría económica nos dice que el empleo es una variable dependiente, en efecto, el empleo depende del crecimiento real de la economía. Por su parte, el crecimiento económico es función de la coyuntura económica internacional, de la productividad de nuestra economía y, consecuentemente, de la competitividad de la misma.
A mi juicio, el principio de corresponsabilidad fiscal, es decir, la capacidad de las CCAA para establecer sus propios tributos, no debe perjudicar nuestra competitividad.
Puede ocurrir que las CCAA con menor nivel de renta (es el caso de Andalucía), se vean tentadas a incrementar la presión fiscal para alcanzar niveles de bienestar equiparables a las más ricas. La consecuencia puede ser la pérdida de competitividad y, consecuentemente, la menor creación de empleo e, incluso, la destrucción de empleo.
Además, es pertinente traer a colación el concepto de “votar con los pies”, es decir, la posibilidad que tienen los ciudadanos de manifestar sus preferencias sobre ingresos y gastos públicos, desplazándose a aquel territorio en que las políticas públicas se aproximan más a sus preferencias. Es ésta una teoría elaborada por Charles Tiebout, según la cual los ciudadanos buscan la mejor calidad de los servicios y bienes públicos y la menor carga tributaria.
En consecuencia, garantizaba la suficiencia para atender los servicios públicos fundamentales, iguales para todos los habitantes del territorio nacional, y con idéntica financiación en términos per cápita, hagamos uso de la corresponsabilidad fiscal: incrementando la presión de los impuestos cedidos o en el tramo autonómico de otros, creando nuevos impuestos o mediante el endeudamiento. Ahora bien, siempre teniendo en cuenta que sobre nuestras cabezas pende “la Espada de Damocles” de la competitividad.
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