Por ANTONIO MARTIN MESA / El 6 de julio de 2017, el Pleno del Parlamento de Andalucía acordó la creación de un Grupo de Trabajo, actualmente constituido en el seno de la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía, bajo la denominación “Grupo de Trabajo relativo a la financiación autonómica”.
En el curso de las sesiones de dicho Grupo se acordó abrir un período para la audiencia de profesores, especialistas y personalidades conocedoras de la materia que interesa al Grupo. En calidad de tal, tuve el honor de ser citado para comparecer el pasado 5 de diciembre de 2017. A continuación extractaré los aspectos más destacables de mi intervención en dicha comparecencia.
Comencé manifestando que entendía que el objetivo del Grupo debería ser: “Consensuar una posición del Parlamento de Andalucía ante el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) que, previsiblemente, habrá de entrar en funcionamiento en 2018”. Una tarea, a mi juicio, hartamente difícil, puesto que en la determinación del marco hay cuestiones que son técnicas, objetivables, científicas, generales, en las que será fácil llegar a un nivel aceptable de acuerdo; sin embargo, hay otras que son ideológicas, políticas, en las que unos grupos parlamentarios se hallarán en las antípodas de los otros y, consecuentemente, con grandes dificultades para llegar a una posición común.
Parece evidente que el vigente sistema de financiación, que data de 2009, ya toca reformarlo. Por una parte, porque se ha superado el plazo razonable para ello. Tras el período transitorio establecido por la LOFCA de 1980, el modelo definitivo estuvo inicialmente vigente durante el período 1987-1991 (5 años), experimentando reformas sucesivas para los períodos 1992-1996 (5 años), 1997-2001 (5 años), 2002-2009 (8 años), habiendo transcurrido ya otros 8 años desde la entrada en vigor de la última reforma. Por otra parte, porque el actual sistema presenta problemas que es necesario solventar:
– Es complicado y poco transparente.
– Genera una distribución de financiación por habitante ajustado que es desigual.
– Adolece de un déficit de responsabilidad fiscal por parte de las CCAA, lo que proviene de un nivel mejorable de autonomía de ingresos.
– Presenta una total ausencia de mecanismos de estabilización para afrontar crisis fiscales como la vivida en la Gran Recesión, a partir de 2008.
Estos son los problemas que aconsejan no demorar más su reforma. Si descendemos hasta pisar tierra en Andalucía, deberemos contestar a la siguiente pregunta: ¿El vigente sistema de financiación de las CCAA ha beneficiado o ha perjudicado a Andalucía, con relación al conjunto de las CCAA de régimen común?:
a) Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se es rotundo al respecto: “Andalucía ha dejado de percibir 5.522 millones de euros en el período 2009-2015, en relación con la media que recibe el resto de territorios”.
b) En 2009, año de aprobación del actual modelo, los recursos por habitante ajustado para la media nacional se elevaban a 2.067,03 euros. Las CCAA que estaban por debajo de la media eran Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Canarias. Parece que no son, precisamente, las de mayor nivel de renta.
c) El Índice de financiación definitiva a competencias homogéneas por habitante ajustado arroja los siguientes datos: media nacional = 100 en 2009, Andalucía (91,8), en los años siguientes el Índice de nuestra Comunidad ha pasado a 95,0 (2010); 95,2 (2011); 96,0 (2012); 95,7 (2013) y 97,3 (2014). Es decir, durante todo el período la media de Andalucía permanece por debajo de la media nacional. Todo ello teniendo en cuenta que nuestra región es una de las CCAA españolas con menor nivel de renta per cápita y con mayor tasa de desempleo.
En suma, podemos sacan unas primeras conclusiones:
1ª.- El actual sistema perjudica a Andalucía respecto a la media nacional.
2ª.- El principio de solidaridad interterritorial es manifiestamente mejorable.
3ª.- El sistema no ha permitido la convergencia interterritorial en la financiación per cápita. De hecho, en 2009 la diferencia entre la CCAA que más recibía y la que menos era de 488 euros; en 2015 ese gap ha subido hasta 818 euros.
4ª.- Parece claro que habrá que reformar el concepto de “población ajustada” o “unidad de necesidad”.
){kind=link}