Por IGNACIO VILLAR MOLINA / El formidable proceso de concentración de las entidades financieras españolas llevado a cabo a partir de la crisis de 2008, ha supuesto la mayor transformación de este sector en los anales de la historia. En esa fecha el sector bancario español quedó bloqueado por una crisis importada desde EEUU, provocada por la caída de Lehman Brother, una adicional burbuja inmobiliaria, y una dispersión insostenible de entidades, principalmente cajas de ahorros, cuya solidez patrimonial, mala gobernanza, falta de músculo, y exposición al ladrillo, generaron tal fragilidad que, aparte de dar al traste con la continuidad de muchas de ellas, requirió esa excepcional agrupación, y una inyección estatal de 64.000 millones de euros. El siguiente capítulo tuvo lugar entre 2011 y 2013, cuando se produjo una nueva tanda de 12 fusiones que prácticamente suponía dejar dibujada la configuración final del mapa bancario español cuya composición quedó reducido a la mínima expresión, después de algunas posteriores y significativas operaciones que afectaron a bancos de cierta consideración como es el caso del Banco Popular, Banesto, o la última absorción de Bankia por Caixabank, de tal forma que ahora en el mapa bancario español solo operan tres grupos más destacados, Santander, BBVA y Caixabank, más otras de menor envergadura como Sabadell, Bankinter, Kurxabank, Unicaja, Ibercaja y Cajamar, con la concurrencia de otros actores menores: Big Tech de servicios financieros, neo bancos, bancos en la sombra (shadow bankings), que agrupan a cualquier otro tipo de operador financiero que se encuentra, parcial o totalmente, fuera del circuito bancario tradicional.
Sin embargo, este proceso ha sido realizado con absoluto consenso entre los actores bancarios y la anuencia de las instituciones necesarias, ya que las integraciones llevadas a cabo nunca precisaron de posiciones hostiles entre los agentes implicados, salvo en una ocasión, cuando en 1987 el Banco Bilbao hizo una opa hostil a Banesto, que finalmente se diluyó sin éxito. En realidad, en una coyuntura de extendido deterioro patrimonial de muchas entidades, no cabía otra alternativa sino aceptar la terapia aplicada aunque incluyera prácticamente la extinción de las cajas de ahorros, lo que facilitó la total seguridad de los depósitos de clientes y la sostenibilidad de la calidad de las carteras crediticias. No cabe la menor duda de que después de este proceso el Banco de Santander se ha erigido como el líder del sistema ya que, de una u otra forma, ha absorbido al Banco Popular adquirido por un euro, después de integrar anteriormente a otros pesos pesados del antiguo panel bancario, como eran el Banco Central Hispano, y Banesto, todos ellos destacados competidores durante los 40/50 últimos años.
Con independencia de los efectos inmediatos para la economía del país y para los propios actores de cada proceso de concentración, es necesario considerar qué consecuencias ha tenido para los ciudadanos, clientes, inversores, y dentro de estos, más concretamente para los propios accionistas de cada entidad, en el caso de los bancos.
Dos de las más relevantes secuelas se centran en evaluar el impacto que procesos de esta enorme envergadura generan en el nivel de concentración bancaria, por una parte, y en el de competitividad, por otra. Así, según los datos actuales que maneja el BCE relativo al porcentaje de activos en manos de los cinco mayores bancos de cada país, España alcanzaría el 69.59%, algo por encima de la media europea fijada en el 68.27%. Por otro lado, según el índice Herfindalh, que mide el nivel de concentración de los principales bancos en cada país, por lo que respecta a España, con un ratio de 1.378 puntos, estaría rozando los límites considerados de cierta concentración, fijados a partir de 1.500 puntos. La importancia de este dato tiene un valor muy significativo, ya que se trata de valorar si una concentración excesiva puede generar perjuicios para los clientes derivados de las estrategias comerciales de las entidades, especialmente en el pequeño ahorrador o en las pymes.Me estoy refiriendo a la calidad del servicio, cantidad de oferta crediticia adecuada, precio y condiciones del crédito y de otros productos, al cobro de comisiones, a la facilidad de acceder a la financiación, a la retribución de los ahorros de los impositores, cuyos efectos podemos estar padeciendo en estos momentos, sin olvidar que todos estos aspectos ya han tenido una primera versión distorsionante tras el agresivo proceso de digitalización que ha emprendido la banca española en los últimos años, cuyas consecuencias han sembrado un claro descontento en la clientela, especialmente en los de edad más avanzada.
En este punto no podemos olvidar que los ciudadanos en general quedan un tanto aturdidos cuando conocen, a través de los medios informativos, la publicación de los beneficios que vienen obteniendo los bancos y, sin embargo, constatan que el cobro de comisiones es más agresivo, que la calidad del servicio, cuando visitan su sucursal, se ha deteriorado gravemente, o deben invertir más tiempo para resolver sus gestiones de cualquier tipo.
Sin embargo, es necesario reconocer que los bancos tienen todo el derecho y la obligación para con sus accionistas y usuarios, de adecuar sus operativas y estrategias a las exigencias de las coyunturas económicas y del progreso tecnológico, si bien, de lo que se debería tratar realmente es de que la aplicación de esas otras medidas no se realicen en menoscabo del grado de la atención más próxima a sus clientes y, no sólo de tipo cualitativo, sino que puedan traducirse en algún quebranto para sus economías, ya que, en el escenario actual, siguen convencidos de que los intereses de sus entidadesy los suyos propios son totalmente opuestos, sin que reparen en el tradicional deterioro reputacional que siguen sufriendo.
No cabe duda de que la existencia de menos operadores supone la contracción de las ofertas tanto de la financiación, como así mismo, de las relativas a las tarifas por intereses y otros gastos que aplicarían a sus facilidades crediticias y a otras operaciones, o la coincidencia casual en concretas estrategias comerciales como es el caso actual de la retribución de los ahorros de clientes. Así, en este caso, mi opinión difiere de la mantenida por un alto ejecutivo de uno de los principales bancos españoles que, en las jornadas del V Foro Internacional Expansión, señalaba que la competencia, y, por tanto, la oferta financiera total actual, no se limita a los operadores tradicionales, sino que habría que contar, con los bancos de menor dimensión, las Bigtch, y los Shadhow Banks, que multiplican la oferta de forma exponencial, olvidando que actualmente sólo los cinco bancos más importantes controlaban en 2022 cerca del 80% de los depósitos, y en el entorno del 70% de los activos. Y, por otro lado, sí parece más fácil que entre menos entidades sea más posible coincidir en las estrategias, sobre todo en un momento coyuntural como el actual, cuando la liquidez y la repreciación de la cartera crediticia desembocan en un incremento muy destacado de sus cuentas de resultados.
En cualquier caso, el debate, que ya era exacerbado, se ha visto ahora atizado por la oferta que ha presentado el BBVA al Banco Sabadell para integrar sus balances, abriendo nuevos cauces por donde discurrir la controversia sobre la concentración, la competitividad del sistema y sus consecuencias derivadas. Recordemos que esta operación ya tuvo su primer intento en noviembre de 2020 cuando sólo después de once días ambas entidades desistieron de este propósito. En esta ocasión la propuesta amistosa de fusión lanzada por BBVA y rechazada en primera instancia por B. de Sabadell ha obligado al ofertante, convencido del valor que tenía su oferta para los accionistas de B. Sabadell, lanzar una opa hostil, con las mismas condiciones de la propuesta inicial, lo que requerirá de un plazo más dilatado para conocer el desenlace final, que, por otro lado, a parte de la decisión accionarial, pueda estar supeditada al informe necesario de las instituciones correspondientes, del propio Gobierno y del BCE. Debe haber una segunda entrega sobre este tema.
IGNACIO VILLAR MOLINA, Socio de SECOT JAEN. ECONOMISTA
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