La consolidación del sistema financiero español ha exigido medidas de un profundo calado. A la aportación financiera realizada por el Estado, con un costo de más de 66.000 millones de euros, cuya recuperación, hasta el momento, ha sido casi inapreciable, imprescindible para preservar la credibilidad y estabilidad financiera del sistema, ha sido necesaria complementarla con una enorme transformación de su potencial operativo para adecuar su capacidad instalada al volumen de negocio previsible, a mejorar su eficiencia, a fortalecer su solvencia en consonancia con las demandas de clientes, inversores y organismos reguladores, a afrontar el nacimiento y expansión de lo que llamamos “shadow banking” (“banca en la sombra”), a la adaptación tecnológica y a la irrupción de nuevos competidores.
Quizás uno de los recursos más utilizados hasta ahora, pero que deberá proseguir su proceso en los próximo años, ha sido la drástica reducción del potencial instalado especialmente en el número de empleados y en el de oficinas operativas en el territorio nacional que ha permitido minorar el ratio diferencial del número de oficinas por habitante con el resto de Europa. Desde 2008 el Sistema Financiero Español ha destruido 95.000 empleos y ha llevado a cabo el cierre de 19.746 oficinas, el 43.1% del total de las existentes en ese año, provocando que a finales de 2017, 4.109 municipios carecieran de una oficina bancaria, y, lo que es más significativo, como señalábamos el proceso no ha finalizado porque se han anunciado sendos Eres por parte de Santander y Caixabank que afectarán a no menos de 5.000 empleados y al cierre de otras 2.000 sucursales, sin olvidar que en el horizonte se vislumbran nuevas fusiones que podrían afectar a los bancos medianos. Por otro lado, los ratios respecto a otros aspectos operativos muestran que, mientras que en Europa la media del número de oficinas por habitantes alcanza 2.482, en España ese nivel se sitúa en 1.453, lo que determina que, a pesar de la profunda transformación realizada, todavía ocupemos la tercera posición con más número de oficinas y la quinta con más número de empleados.
Pero no sólo la crisis ha exigido este enorme reajuste de la capacidad instalada ya que, como hemos apuntado anteriormente, las amenazas se han acumulado de forma sobresaliente afectando a su capacidad de generar beneficios, especialmente provocadas por el aumento de la morosidad, en estos momentos más controlada, y la persistencia del inédito nivel de los tipos de interés. Así el margen por intereses, cada vez más esquilmado, no encuentra solución en el negocio tradicional porque el raudal del crédito y, sobre todo, el diferencial insuficiente junto al agotamiento del recurso de minorar la retribución de los depósitos de clientes y la imposibilidad de incrementar las comisiones por servicios, no pueden neutralizar las exigencias regulatorias y ofrecer, al mismo tiempo, una mejor imagen de sus cuentas de resultados, como muestran los datos relativos al primer trimestre, en el que sus beneficios se han reducido en su conjunto más de un 11% respecto al año anterior.
La carrera por ganar el primer puesto en la transformación tecnológica, aun siendo necesaria, está contribuyendo a incidir en la mala imagen que mantiene el sector acrecentando la insatisfacción de la clientela y mermando (¿?) las posibilidades de captación de nuevo negocio. El hecho de suspender el servicio de caja directo a una hora intermedia del día aporta todo tipo de reacciones negativas, aunque su objetivo esté más o menos justificado.
