Tradicionalmente los bancos no han gozado de la mejor imagen ante la opinión pública, antes bien, su reputación ha sufrido un notable deterioro que les ha llevado a ser identificados como prototipo del lucro desmedido y del oportunismo interesado. Solo basta recordar aquel antiguo dicho popular: “los bancos te dan el paraguas cuando hace sol…”. Es verdad que no faltan episodios repetidos, algunos de los cuales permanecen frescos en nuestra memoria, para sostener esta opinión que solapa su imprescindible cometido para mantener el flujo financiero del circuito económico.
El desenlace de la crisis de 2008 requirió, en primer término, la intervención estatal que destinó 61.495 millones de euros para el saneamiento de algunas entidades porque el ratio de morosidad, que alcanzó el 13.6%, amenazaba su solvencia y su estabilidad, y, en segundo lugar, con la reducción, sin precedentes, de un alto porcentaje de su capacidad operativa instalada. Desde entonces, los bancos españoles, una vez salvada esa situación y reconducidas las cotas de morosidad, como muestra el ratio final de 2019 que alcanzó el 3.14%, han recobrado su tradicional prudencia y rigor en el análisis de las nuevas solicitudes crediticias, lo que, de alguna forma, significa volver al espíritu de su peculiaridad.
Sin embargo, la nefasta coyuntura que estamos atravesando está requiriendo de las entidades financieras españolas una colaboración especial, que les convierta en parte de la solución de este problema. A tal fin la sociedad les demanda una participación activa que permita, sin renunciar a sus principios básicos, poner a disposición de empresas, autónomos y familias los recursos crediticios suficientes para facilitar la recuperación de la actividad económica y evitar una nueva crisis de solvencia. En esta ocasión su disposición estará respaldada por la decisión del gobierno de garantizar hasta el 80% del importe concedido a sus clientes en operaciones de crédito o préstamo de la línea implementada a tal fin, cuyo límite máximo se eleva hasta 100.000 millones de euros.
Asimismo, para reforzar sus disponibilidades de liquidez destinada a apalancar a sus clientes, el BCE ha relajado los criterios exigidos a los bancos europeos en materia de “core capital” (capital básico) y otras provisiones, tanto genéricas como concretas. En la misma dirección, y con el fin de robustecer su liquidez, les ha instado a suspender el pago a sus accionistas del dividendo con cargo a los resultados de 2019 y 2020, como, igualmente, a los programas de recompra de títulos propios.
La recomendación no solo incluye mayor flexibilidad y celeridad en la tramitación de los créditos y préstamos, sino también un tratamiento especial en forma de moratoria para los créditos en vigor, tanto por lo que respecta a la financiación de empresas como en lo concerniente a préstamos hipotecarios y al consumo para autónomos y familias, aunque, obviamente, deberán ir vigilando, al mismo tiempo, los impactos en sus carteras.
Todo parece indicar, a tenor de las manifestaciones de la AEB, patronal bancaria, que esta ocasión no será desaprovechada por las entidades para mostrar su identificación con las exigencias que esta coyuntura demanda y, así, tratar de mejorar su menoscabada imagen ante la sociedad en este momento en que, precisamente, los bancos españoles han conseguido superar las negativas secuelas de la pasada crisis y gozan de una mejor posición según revelan sus estados financieros.
