14/11/2016
Con relativa frecuencia desde algunas instancias privadas, o en determinados artículos en medios de comunicación, se difunden opiniones y comentarios relativos, a veces interesados, a la situación actual del sistema de pensiones que pueden sembrar la alarma y la inquietud entre los perceptores. En realidad sólo la posibilidad de transmitir incertidumbre a los más de nueve millones de pensionistas, cuya mayoría dependen del ingreso de su paga mensual para atender sus pagos, es una forma de propalar una información errónea que no responde en absoluto a una situación que ni es real en el presente ni lo va a ser en el futuro.
Aún reconociendo que la situación del sistema actualmente es deficitaria, ya que los ingresos por las cotizaciones mensuales de los trabajadores activos, por un importe de 8.400 millones de euros, sólo son suficientes para sufragar el pago mensual del conjunto, pero resultan insuficientes para atender las pagas extraordinarias de los meses de julio y diciembre, pagas que, hasta ahora, se han cubierto utilizando la reserva acumulada durante los últimos años, cuando la coyuntura económica lo ha permitido, porque el montante recaudado todos los meses era superior al pago previsto en virtud de que el número de contribuyentes permitía esta posibilidad, aunque se llegara al momento de agotar ese fondo de reserva, el pago de las pensiones está garantizado por el propio Estado como parte fundamental de sus obligaciones sociales.
En este sentido, aparte de las reformas implementadas relativas a la edad de jubilación, y los criterios de cálculo de las futuras pensiones, una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno, ha sido la convocatoria del Pacto de Toledo, en el que no solamente están representados todos los partidos políticos y sindicatos, sino que también está integrado por expertos, economistas independientes y representantes de organizaciones privadas.
A tal efecto, con independencia que cada vez debamos ser más conscientes de que debemos involucrarnos a lo largo de nuestra vida laboral en las necesidades de la futura jubilación, aparte de la pensión estatal, se trata de analizar las causas que motivan esta situación y encontrar las soluciones, no dramáticas más adecuadas, para consolidar y permitir la subsistencia del sistema en el futuro, teniendo en cuenta la evolución demográfica y de la economía. En principio se están barajando varias alternativas que pasan por desligar del sistema las pensiones no contributivas y/o crear un impuesto específico que atenúe el déficit estructural.
En cualquier caso hay que apostar por la normalización del sistema, estableciendo los mecanismos de sostenibilidad y revalorización necesarios, para evitar la alarma e incertidumbre que provocan ahora los problemas que afectan al mismo que, aunque sean reales, deben ser tratados con especial tacto y con absoluta carencia de dramatismo.
