La redistribución de la riqueza es uno de los asuntos más recurrentes y más debatidos en los medios económicos y, entre sus diferentes temas integrantes, cobra una relevancia especial el relativo al nivel idóneo del SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. Por tanto resulta lógico que con ocasión de las próximas elecciones generales se recrudezca la polémica en torno al mismo ya que ocupa parte preeminente en los programas económicos de los diferentes partidos.
La controversia surgida desde que el actual gobierno en funciones aprobara fijar su cuantía hasta los 900 euros a partir del 1 de enero pasado, ha suscitado todo tipo de críticas en diversos medios económicos. Las consideraciones más relevantes giran en torno a si la medida ha propiciado la destrucción de empleo y minorado la contratación indefinida. Los últimos datos conocidos parecen respaldar estas reprobaciones, ya que los contratos indefinidos han disminuido en marzo el 7% en tasa interanual, como asimismo, también parecen concretarse consecuencias negativas para el empleo en los sectores más desfavorecidos, como Empleadas del Hogar, industria alimenticia y restauración y centros especiales de empleo, y, en algunas instancias, se calcula que la incidencia general puede alcanzar hasta la destrucción de 150.000 empleos.
En mi opinión la utilización de este asunto como atractivo destacado para atraer el voto de determinados sectores de población con los salarios más bajos, resulta cuando menos imprudente ya que prescinde de unas determinadas exigencias que deberían confluir en las decisiones de elevar el nivel de su cuantía, porque es absolutamente necesario medir los efectos que esta medida puede generar, no sólo para los empresarios, y por extensión para el empleo, sino para la actividad económica del país en general.
España necesita un gran pacto de rentas para fortalecer la creación de riqueza y su redistribución. Pero la primera premisa para que se produzca una generación de riqueza más sólida y vigorosa pasa, ineludiblemente, por la creación de un empleo menos precario y más productivo y es en este punto, en mi criterio, donde radica la raíz de este asunto. Y, por otra parte, las decisiones unilaterales de esta índole no ayudan a conseguir la meta señalada, ya que deberían contar con la opinión de sindicatos y empresarios, pues estos, en definitiva, serán los mayores damnificados por la subida de este tipo de salarios que afectan, por otra parte, a los trabajadores más desfavorecidos.
No deben, por tanto, los partidos tomar este recurso como arma electoral sin valorar esos efectos perniciosos que se están constatando desde la última alteración del nivel salarial mínimo, más bien los datos conocidos invitan a una reflexión conjunta que propicie ese consenso deseado en torno a un tema tan importante como el que nos ocupa.
