Los devastadores efectos de esta crisis van dejando una huella indeleble en la evolución de la economía española, que son confirmados por los datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y por los del INE de otras variables de especial transcendencia para la actividad económica. Según los registros de la Seguridad Social cada día del pasado año 122 compañías desaparecieron de los mismos, lo que supone que 44.579 empresas suspendieron su actividad reduciendo el número de empresas operativas a esa fecha a 1.3 millones, un balance que no se observaba desde 2015.
Estos datos han sido confirmados por las negativas cifras del paro, al finalizar febrero, que ha superado los 4 millones. Todo ello a pesar del soporte desplegado por el gobierno con medidas claves como los ERTEs que, en esa fecha, cubrían las plantillas de 175.000 empresas y los sueldos de 900.000 trabajadores acogidos a esos expedientes, o los avales del ICO, cuya cuantía alcanza 977.574 operaciones por un importe de 118.354 millones de euros.
Igualmente, el deterioro ha tenido un especial impacto nocivo en los trabajadores por cuenta propia, que ha provocado unas pérdidas para el colectivo de más de 65.000 millones de euros en 2020 y, lo que es incluso mucho más lamentable, una estimación de que 300.000 no sobrevivirán en 2021.
Por otro lado, a finales de enero la banca española tenía concedidas 1.88 millones de moratorias legislativas, en préstamos hipotecarios, de consumo y sectoriales, cuyo valor se cifraba en 54.114 millones de euros; y el índice de Confianza del Consumidor (ICC), descendió hasta 55.7 puntos, 7.4 menos que en diciembre 2020, descenso especialmente provocado por el impacto de la actividad económica y el mercado laboral.
Si sólo estos datos reflejan un tremendo deterioro de la situación económica española, resulta tan temible, en mi opinión, el efecto dominó que puede estar generando en la actividad económica y en el empleo. La falta de liquidez de unos se transmite a otros, generando un ciclón de impagos que si no se detienen pueden afectar al núcleo central de las compañías, especialmente si tenemos en cuenta que tras doce meses de crisis, cada vez más empresas optan por cerrar frente a la posibilidad de presentar un concurso de acreedores, senda que ha sido progresivamente utilizada por un 25% tras el verano, un 26% en noviembre, y hasta un 30% en diciembre, según datos de los Registradores.
En Cepyme se considera que la prórroga de los ERTEs hasta mayo y la ampliación de los créditos ICO para empresas y autónomos serán insuficientes para evitar el cierre de más empresas, y, por otro lado, según Coface, hay actualmente 220.000 empresas en riesgo de colapso ante la imposibilidad de afrontar sus deudas para poder sobrevivir. Fuentes bancarias informan que no sería bien admitida la posibilidad de efectuar quitas de los préstamo ICO por la incidencia que causaría en sus balances, ya que redundaría aún más en la ya deteriorada situación de sus cuentas de resultados, obligándoles a ampliar las provisiones para posibles insolvencias. Igualmente, Cepyme añade que serán necesarias otras medidas como bonificar intereses de los préstamos de algunas empresas, incentivar con deducciones las inversiones y participaciones en las empresas y pymes, incentivar fusiones o recuperar parte de la deuda que las Administraciones Públicas acumulan en el sector privado.
Las esperanzas pueden estar centradas ahora en el nuevo programa complementario por valor de 11.000 millones de euros, anunciado por el gobierno, cuyos detalles serán concretados en el próximo Consejo de Ministros, destinados a rescatar y evitar el cierre de pymes y autónomos, especialmente del turismo, hostelería y comercio, aunque fuentes del Banco de España advierten que entre el 6% y el 10% serán inviables definitivamente.
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