Tuve un profesor en la Facultad que nos dijo que con la verdad se va a todas partes, incluida la cárcel. Esta frase me marcó entonces, porque me resultaba paradójica, pero con los años suelo repetirla a mis clientes cuando mantienen una posición vehemente en la defensa de sus intereses.
Y es que con los años he aprendido que de todo hay una versión, la contraria y que luego está la verdad. Una verdad que debe ser objetiva y que corresponde dilucidar, cuando de cuestiones judiciales se trata, a quienes tienen atribuida la función de administrar justicia, es decir, a los Jueces y Tribunales.
Pero es lo cierto que la Justicia se ha politizado en los últimos tiempos y la presunción de inocencia, consagrada como derecho constitucional en nuestra Carta Magna, parece haber cedido, en demasiados casos, ante la pena de banquillo, una pena que administran con particular intensidad los políticos, con la finalidad, no de descubrir la verdad, sino de atacar al contrincante con el exclusivo ánimo de sacar rédito político.
Tal es la teatralización y la sobreactuación, que han dejado de ver la viga en sus propios ojos para escarbar en busca de cualquier atisbo de paja en los ajenos. Lamentablemente son muy pocas las excepciones, pues hoy por hoy, ante la más mínima insinuación de sospecha, la bancada contraria exige dimisiones sin dilación ni contemplación alguna.
Tanta esquizofrenia ha llevado al legislador a cambiar la terminología, llamando investigado a quien se le ha imputado la perpetración de algún hecho delictivo. Pero el problema no es la terminología, sino la degradación del valor más relevante con el que cuenta nuestro procedimiento penal, y que no es otro que la presunción de inocencia.
Por eso, a veces, quienes olvidan las reglas del juego y no dudan en señalar duramente al de enfrente acusándolo de delincuente y exigiendo su dimisión, viven en sus propias carnes las consecuencias de esta sinrazón. Esta misma semana, un Juzgado de Instrucción de Jaén archivaba la causa abierta contra un concejal del equipo de gobierno municipal, concejal de un partido que en no pocas ocasiones ha pedido y exigido la dimisión de sus contrincantes políticos, mucho antes de que hubiera una sentencia firme de condena.
El archivo de la causa le habrá traído sosiego al afectado, pero la pena de banquillo habrá hecho que muchos lo recuerden como el concejal que pasó por los juzgados. “Difama, que algo queda” parece ser una consigna política convertida en marca blanca que todos utilizan para desgastar al contrario, quizá porque, como escribió Cicerón, “nada hay tan veloz como la calumnia; ninguna cosa más fácil de lanzar, más fácil de aceptar, ni más rápida en extenderse.”
