La deslocalización de empresas ha constituido uno de los principales problemas a nivel global, ya que, en definitiva, este aspecto es utilizado, especialmente por las grandes corporaciones y tecnológicas, para eludir impuestos debido a las grandes ventajas fiscales, generalmente el pago de tasas inferiores, que algunos países ofrecen a las multinacionales para que se instalen en sus territorios y facturen allí por los ingresos globales de toda su actividad comercial en el resto del mundo.
Esta situación, además de generar una disfunción recaudatoria, constituye una competencia desleal sustentada por los países interesados, con el beneplácito de Estados Unidos, que defiende a sus empresas porque sí pagan en su territorio, que han boicoteado reiteradamente la negociación de armonizar el sistema fiscal en el seno de la OCDE o de establecer un impuesto sobre beneficios común, al menos en Europa.
En la reciente reunión del G-7, que agrupa a las siete mayores economías del mundo, han constatado que la competencia fiscal y la existencia de paraísos fiscales de baja tributación, son un obstáculo para desarrollar el proceso de recuperación necesarios, después de los estragos que esta crisis ha provocado, especialmente cuando en general los países del mundo han priorizado la relajación de los límites fiscales y de deuda para coadyuvar a ese proceso gastando a manos llenas, y los bancos centrales están insuflando ingentes volúmenes de fondos en los mercados con el mismo fin, desvíos que, a la postre, deberán ser corregidos con una mayor recaudación impositiva.
Así, a partir de ahora, estos países han tomado el compromiso de “facilitar la coordinación apropiada para la aplicación de las nuevas normas impositivas internacionales y la retirada de todos los impuestos sobre servicios digitales, y otras medidas relevantes similares, sobre todas las compañías. En su virtud, nos comprometemos a establecer un impuesto mínimo global de al menos el 15%, aplicado por cada país”. Este acuerdo, que frena la elusión fiscal legal de las grandes corporaciones que, según la OCDE estaba restando cada años 200.000 millones a las arcas de los Estados, deberá ser ratificado por los países del G-20 en su próxima reunión de julio en Venecia.
Si bien debemos celebrar que al fin el consenso de los países más poderosos hayan aunado sus criterios en este aspecto fiscal, para elevar sus ingresos tributarios, a España le supondrá un aumento recaudatorio de 1.000 millones de euros, según un estudio de EU Tax Observator, no encuentro una razón suficientemente convincente por la cual la tasa aprobada ahora se haya fijado en el 15% cuando, a propuesta de EEUU, se estaba planteando establecerla en el 21%, a no ser que esté sustentada en la connivencia de contar con la anuencia de los países más afectados, como Irlanda, Holanda y Luxemburgo, y pudiera haber supuesto un obstáculo insalvable que podía dar al traste con el consenso alcanzado. En cualquier caso, me consuela que este acuerdo supone un primer paso en la dirección adecuada, aunque todavía muy tenue, cuando los comparamos con los tipos impositivos que debemos asumir las personas físicas, sobre todo si tenemos que sus ingresos medios son incomparables con los beneficios que obtienen esas grandes corporaciones.
Foto: Reciente reunión del G7, que agrupa a las siete mayores economías del mundo, donde han constatado que la competencia fiscal y la existencia de paraísos fiscales de baja tributación, son un obstáculo para desarrollar el proceso de recuperación.
