Las sucesivas estimaciones de gastos e ingresos que el gobierno de turno debe formular cada año como base de sus estrategias económicas para conseguir los objetivos políticos, sociales y económicos deseados, suscitan reacciones de todo tipo.
En anteriores reflexiones referidas a este mismo tema, al que es difícil resistirse a comentar cada año, ya dejaba una primera observación al objeto de banalizar conscientemente la dificultad que intrínsecamente genera la confección de las cuentas estatales. En esa línea me reitero en el sentido de que cuadrar un presupuesto que ignora el objetivo de equilibrar y cumplir el déficit estatal convenido, resulta una tarea muy simple y fácil. Basta con engrosar las partidas de ingresos para cubrir los gastos presupuestados, lo que supone asumir el riesgo de que su incumplimiento se traduciría en un incremento del déficit fiscal que, con toda seguridad, sería muy mal aceptado por nuestros socios europeos.
Por tanto, el mayor reto que debe superar la presentación de los PGE estriba en conferirle, a priori, la credibilidad suficiente en que las previsiones efectuadas han sido realizadas con la racionalidad necesaria que merezca el consenso general y la aprobación de la Comisión Europea. Sin embargo, el dictamen de este organismo, avisa al ejecutivo español de que, dada la evaluación, sobre todo de los ingresos estimados, España no logrará la meta de déficit ni el esfuerzo fiscal pactado con Bruselas.
A estas reticencias de la Comisión Europea debemos añadir la opinión de los expertos cuya apreciación primera insiste en que los ingresos presupuestados están sobreestimados, lo que, indudablemente, conforme indica Bruselas, redundará en un mayor déficit estatal que, recordemos, debe situarse en el 1.8%, sobre todo después que los partidos de la oposición denegaran en el Senado la relajación de la senda de déficit.
Todo parece indicar, por tanto, que los criterios con que se ha formulado la previsión anual de las cuentas estatales, obedecen más al deseo del ejecutivo de influir sobre los colectivos más numerosos, como pensionistas, funcionarios o autónomos, para tratar de captar sus votos en un año en que las citas electores serán numerosas, que a atender a una acción efectiva sobre la actividad económica que permita seguir por la senda de una mayor creación de empleo.
Esta conclusión es compartida por gran parte de las organizaciones empresariales, inversores y expertos que, además, destacan el significativo matiz gestual que encierran estos presupuestos hacia las formaciones separatistas, sobre todo catalana. Esta es una realidad incontestable e insostenible, cuyo objetivo es perpetuar en el poder al partido gobernante y, por tanto, a su presidente, aún a costa de negociar buena parte de la racionalidad y estabilidad de la unidad de nuestro país.
