Por IGNACIO VILLAR MOLINA / La espiral inflacionista está trastocando los presupuestos familiares de tal forma que muchos hogares tienen claros problemas para llegar a fin de mes. Al menos así lo confirma una encuesta realizada por el Banco Mundial, según la cual un 23% de la población española mayor de 15 años manifiesta estar en esta situación. Así mismo, otros indicios confirman el efecto devastador que está provocando en la capacidad adquisitiva de los ingresos de los hogares. Así el índice de solvencia familiar, que mide la capacidad de afrontar los gastos básicos del hogar, ha bajado cinco puntos con respecto a 2020, y que el consumo, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), se ha desplomado un 3.7%. De igual forma, la OCU, estima que un 8% de las familias tienen muchas dificultades para incluir en su dieta carne o pescado. Estas limitaciones cobran mayor relevancia para el 80% del grupo de las 750.000 familias numerosas existentes, cuya estructura más habitual está compuesta por la pareja y tres hijos, según los datos facilitados por la Federación Nacional de Familias Numerosas.
Las precedentes inclemencias cobran mayor virulencia cuando concurren obligaciones de pago por deudas especialmente de naturaleza hipotecaria. El incremento de los tipos de interés y su rápida traslación al Euríbor hace más intrincada la situación especialmente para las familias más vulnerables. La carrera alcista de este indicador a un año, tipo al que están referidas las revisiones semestrales o anuales de las hipotecas concertadas a tipo variable para fijar la tasa que devengará el capital pendiente en los período siguientes, ya supera el 2.5 % tras alcanzar una tasa diaria del 2.77%, cuando sólo hace un año se situaba en -0.50%, adicionando un grado más de máxima dificultad para las familias y empresas. Para mayor precisión, la incidencia concreta que tendría en una hipoteca media de 180.000 euros suscrita a 25 años con un diferencial del 1% sobre el Euríbor actual y revisión anual, pasaría de pagar una cuota de 640 euros a 911 euros. El temor de que este proceso perturbador afecte a un significativo número de clientes ha generado una especial inquietud en las entidades financieras que temen una oleada de impagos de las cuotas de los préstamos hipotecarios cuya primera providencia les obligaría a efectuar fuertes dotaciones y previsiones por impagos e insolvencias finales.
En este contexto no resulta nada extraño que tanto el propio gobierno, en su línea de mostrar su sensibilidad con las situaciones adversas de los ciudadanos, especialmente cuando se aproxima una ola electoral, municipales, autonómicas y generales al doblar el año, como los bancos, urgidos por restaurar su menoscabada reputación ante la sociedad y, por evitar una dotación multimillonaria para provisiones por impagos, y otros colectivos y asociaciones estén planteando y negociando algunas vías que permitan suavizar los preocupantes efectos que la subida de los tipos de interés está teniendo en las cuotas de las hipotecas para las familias, especialmente para las más vulnerables, y de forma más clara para las formalizadas más recientemente a interés variable.
Así las propuestas planteadas por los diferentes agentes se enmarcan entre la primera pretensión de algún partido de topar el efecto de la subida del Euríbor, descartada de inmediato por su falta de carácter jurídico, la de alguna entidad financiera que abogaba por congelar las cuotas 12 meses y retrasar su pago al final del vencimiento de la hipoteca, o de alguna otra que consideraba alargar el plazo de las hipotecas firmadas a partir de 2012 en los casos en que los préstamos se encarezcan al menos un 30% tras su revisión por el alza del Euríbor y siempre que los ingresos familiares no superen la cantidad de 24.318 euros anuales , es decir el equivalente a tres ves el IPREM (INDICADOR PÚBLICO DE RENTA DE EFECTOS MÚLTIPLES) en 14 pagas. Otro requisito adicional exigiría que la cuota a pagar, una vez efectuada la revisión pactada, consuma al menos el 40% de los ingresos del hogar, lo que se considera un nivel peligroso al superar el 30/33% recomendado. U otras en las que se propone la posibilidad de una modificación que permitiera establecer una cuota constante que evite las alteraciones presentes y futuras de las cuotas por efecto de las próximas subidas del Euríbor incluyendo un mecanismo por el cual si las cuotas pagadas han sido insuficientes para atender las cuotas reales debería incrementarse el plazo correspondiente al vencimiento de la hipoteca para compensar las diferencias, y acortarse el plazo en el caso contrario.
Finalmente han sido las entidades financieras y el propio gobierno los que iniciaron las negociaciones pertinentes ya centradas en un protocolo en el que se plantea una posible ampliación del código de buenas prácticas hipotecarias, una norma que se desarrolló durante la peor fase de la crisis de euro para tratar de frenar la sangría de desahucios que se produzco en aquellos años y que abre la posibilidad de, no sólo alargar los plazos de las hipotecas sino también aplicar moratorias temporales, congelación de cuotas, o facilitar el cambio de interés variable a fijo, todo ello sin costo para el cliente, incluido la exención del impuesto de AJD (Actos Jurídicos Documentados).
No obstante, como expresa el Consejero Delegado del Banco Santander, J. Antonio Álvarez, “el grupo buscará soluciones para cualquier cliente, particular o empresa, que afronte problemas o complicaciones para pagar sus hipotecas o créditos por la subida de tipos, todo esto aparte de las negociaciones que se están llevando a efecto con el gobierno para atender los problemas específicos de los hogares más vulnerables”.
En conclusión, las precedentes consideraciones, aunque estén dirigidas preferentemente a las familias de menos ingresos, abren todas las posibilidades para que cualquier cliente pueda negociar su situación particular con su entidad con la seguridad de que encontrará una solución a la medida de su problema concreto. Recuerden que la conveniencia y pretensión de las entidades es evitar a toda costa situaciones morosas o de insolvencia final que, en definitiva, tienen efectos adversos para su estabilidad financiera.
