De acuerdo con las previsiones los resultados electorales proyectan largas negociaciones para la formación del nuevo gobierno, ya que la mayoría obtenida por el partido ganador resulta insuficiente para facultarle a gobernar en solitario lo que, en principio, supone el primer inconveniente serio para acometer las profundas reformas que en numerosas parcelas socioeconómicas requiere nuestro país. Aunque aspectos como la Sanidad, Educación, Inmigración, Organización y Competencias Territoriales, incluido el tema de Cataluña, entre otras, tienen una envergadura muy amplia y deberán ser objeto de un tratamiento muy específico, es el área económica la que se erige como la sala de máquinas donde se genera toda la energía de la que dependerá la fuerza y el ritmo necesarios para abordar esas reformas.
Resulta obvio que dentro del área económica el diseño y reforma inmediata del sistema fiscal se erige como el primer capítulo a acometer, en el que debe detallarse el programa recaudatorio y cómo afectará a cada uno de los ciudadanos. Sin embargo esos sistemas fiscales están basados en las tesis ideológicas de cada formación política. Los partidos de ideal conservador optaban en sus programas por una reducción de impuestos, porque consideran que los recursos deben permanecer en el bolsillo de los ciudadanos, lo que propicia el consumo, incrementa la actividad económica y posibilita una mayor creación de empleo. En el lado contrario, los partidos de izquierda apostaban porque las administraciones públicas dispongan de suficientes recursos para financiar el Estado de Bienestar. Así las posiciones son tan opuestas que mientras el PP proponía implementar una serie de medidas fiscales que ahorrarían 16.000 MM de euros a los ciudadanos, el PSOE planteaba un incremento de la carga fiscal de 12.000 MM de euros. En realidad, de acuerdo con otras opiniones, todos los impuestos influyen en la actividad económica y pueden distorsionarla, pero también hay que considerar que cuando se ofrecen reducciones de las cargas fiscales hay que especificar claramente las fuentes que las financiarán.
Por otro lado, resulta necesario definir otras prioridades. España debe cumplir con el pacto de estabilidad acordado con Bruselas y en concreto con la reducción del déficit hasta el 1.3% y la rebaja del coeficiente de deuda sobre el PIB, que ahora alcanza el 97.8% . Por otra parte, uno de los bastiones del Estado de Bienestar es el Sistema de Pensiones que ahora presenta una inquietante perspectiva generando serias dudas, aunque, en este caso, debería ser considerado como un asunto de Estado que requiere un gran pacto que concite la anuencia de todos los agentes políticos, económicos y sociales al tratarse de un problema con un claro componente de índole estructural. Otras reformas, como la del mercado laboral, que debe estar dirigida, junto a otras medidas de índole puramente económica, a reducir la tasa de paro, el incremento de la productividad, la reindustrialización y la desigualdad económica, entre otras, son tareas que esperan turno para ser abordadas con carácter de urgencia.
En conclusión, dado el amplio muestrario de temas y su enorme envergadura y trascendencia, la formación del nuevo gobierno cobra una especial dimensión, que deberá ser objeto de profunda evaluación, ya que la imagen que proyecte nuestro país a los mercados e inversores debe disipar cualquier atisbo de inestabilidad e incertidumbre.
