Durante los últimos años se está produciendo un cambio de tendencia en los hábitos de los españoles con respecto a la opción del alquiler de una vivienda en detrimento de la compra. Así si en el 2005 sólo el 19.45% de la población prefería pagar una renta, ahora esa proporción se ha incrementado sustancialmente, a pesar del sentimiento de propiedad tan arraigado en la sociedad española, hasta situarse en el 23%, cifra que, aun así, sigue estando muy lejos de las de otros países de nuestro entorno como Alemania, donde ese índice alcanza el 48.6% o Austria con el 45%.
Las circunstancias que han incidido en este cambio de tendencia, a pesar de la recuperación del empleo y de los salarios, son de diversa índole, si bien no tienen igual relevancia en todas las provincias. Desde el incremento del precio de la vivienda, tras superar el bache provocado por la reciente crisis, aunque esa recuperación no haya sido uniforme en todo el territorio, hasta el mayor rigor en las concesiones de préstamos hipotecarios por parte de las entidades financieras, pasando por las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad, bien por la escasez del ahorro adicional para suplir la parte no financiada y los gastos, o por la precariedad del mercado laboral o la falta de ingresos suficientes para atender las amortizaciones mensuales, el desajuste de la oferta y la demanda, debido a la falta de incentivos para los arrendadores, y la insuficiente constatación de la seguridad jurídica, son, entre otras, causas que gravitan sobre el desplazamiento que se está produciendo en beneficio del alquiler.
En este contexto la esperada reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, no parece haber aportado las vías adecuadas para frenar el alza de los precios, pretendiendo limitar las subidas exclusivamente al IPC y dotar de más estabilidad a los contratos ampliando su duración de tres a cinco años. Este intervencionismo estatal resulta, en mi opinión, claramente inadecuado, ya que supone acotar las voluntades de ambas partes, que deben mantener su prevalencia, permitiendo que la negociación entre ambas acuerden los términos relativos al precio y a los demás aspectos contractuales. En todo caso, se debe tener en cuenta que la expansión de los precios que están sufriendo los alquileres, se circunscribe a unas pocas ciudades y que solo cinco poblaciones en España superan los 10 euros por metro cuadrado, consecuentemente debería tenerse en cuenta que las medidas a aplicar podrían generar efectos indeseados en otros muchos territorios donde el mercado se regula por sí mismo satisfactoriamente, tanto para arrendatarios como para arrendadores.
En mi criterio son otras medidas las que deberían implementarse para conseguir una regulación inducida sin generar los efectos adversos comentados, las cuales girarían en torno a promover la construcción de viviendas públicas en régimen de alquiler y/o facilitar líneas de ayudas y subvenciones para los jóvenes o familias en riesgo de exclusión.
