El debate sobre el deterioro progresivo del sistema de pensiones español ha ocupado el centro de la polémica en los últimos tiempos. Las proyecciones y estimaciones de futuro, barajadas por expertos y analistas, determinan que la sostenibilidad del actual sistema es muy complicada si no varían las circunstancias que ahora determinan este dictamen, que cifra su esperanza de vida entre 5 y 10 años. De acuerdo con las estimaciones disponibles en escenarios macroeconómicos benignos, en términos de la evolución esperada del empleo y la productividad, asumiendo una inflación en torno del 2%, las reformas introducidas últimamente respecto al retraso de la edad de jubilación y la introducción del factor de sostenibilidad, que liga la pensión inicial al incremento de la esperanza de vida y la aprobación del nuevo mecanismo que condiciona la revalorización anual al equilibrio entre ingresos y gastos, siendo absolutamente necesarias, resultan claramente insuficientes.
Sin embargo, no podemos olvidar que el déficit del sistema que alcanzó 1l 1.7% del PIB en 2016 contrasta con el superávit del 2.2% registrado en 2007. Este significativo contraste ha sido debido a tres factores. En primer lugar al mercado de trabajo, pues la tasa de empleo es un factor determinante de las cotizaciones. En segundo término, al carácter demográfico que conlleva un aumento de la longevidad, que afecta a todos los países occidentales, y, consecuentemente a la tasa de dependencia, y por último, a la relación de la pensión media con la productividad y el salario medio, es decir, la tasa de sustitución.
Sin embargo la causa mayor por la que varios países hayan retrasado la edad de jubilación a los 67 años, obedece más a la necesidad de adecuar la edad de jubilación real, ahora en España en los 62,5 años, la más alta existente en la UE., a la edad legal. Asi el hecho de que los medios de información estén centrando su atención enfatizando sobre la reducción de las pensiones y no sobre el perjuicio que se les causa a los trabajadores para mejorar el beneficio de las empresas, distorsiona el debate alejándolo del centro del mismo que debería ser evitar que las empresas, sobre todo del sector financiero, utilicen las prejubilaciones para mantener sus beneficios, ya que esta práctica afecta negativamente al tamaño de las pensiones de las personas jubiladas.
Por otro lado en nuestro país existe una carga excesiva de subsidios dentro del sistema contributivo. Algunas de esas partidas deberían estar financiadas por los Presupuesto Generales y no por las cotizaciones, porque es muy probable que la fotografía del sistema cambiara mucho si se extraen del sistema los elementos no contributivos, lo que proyectaría un balance más equilibrado de la Seguridad Social, amortiguando la visión tan pesimista que se está proyectando.
Sin negar las causas objetivas que inciden sobre el sistema que, efectivamente, requieren de un estudio centrado y riguroso para implementar las medidas correctoras necesarias, tanto los medios como todos los entes implicados, deberían de cuidar de evitar sembrar el alarmismo que en los últimos años está llenando de inquietud a muchos trabajadores.
