Estoy verdaderamente sorprendido de lo que está ocurriendo en esta provincia de un tiempo a esta parte, incluso puedo decir que me siento avergonzado como jienense porque ciertas actuaciones policiales a la búsqueda de confirmar posibles delitos, se están produciendo con nulo sentido de la proporcionalidad.
En los últimos meses ha habido operaciones policiales en empresas señeras de la ciudad que han hecho un daño considerable a unas marcas que han salido a flote gracias a mucho trabajo y esfuerzo, y que han creado centenares de puestos de trabajo, me refiero en concreto, entre otras que pudiera haber, a una empresa de automoción y a una entidad financiera. Critico sobre todo cómo se utiliza la vara de medir y al desprecio más absoluto a la presunción de inocencia que es un derecho incuestionable.
Me pregunto quién da las órdenes a la Policía, en su caso, para que actúe en ocasiones de manera tan arbitraria, porque conozco a varias personas que son honorables mientras no se demuestre lo contrario, cuyos nombres se han puesto en el escaparate y que se han visto afectadas por la llamada “pena del telediario”, y sobre ellas pesa socialmente por lo menos la sombra de la duda, aunque en algunos casos el juez sorprenda algún día con la absolución. Entonces ¿quién reparará el daño causado?
Me da la impresión, no sé si estoy o no en un error, que este estado de cosas, al que no estábamos acostumbrados, es una consecuencia del malestar nacional causado por los terribles efectos de la corrupción y que en parte es una vendeta entre los dos grandes partidos que se disputan la hegemonía de este mal endémico con tantos y tan nefastos tentáculos, que nos producen repugnancia y bochorno, me da igual que sean los que se atribuyen al PP, que son unos cuantos, o los del PSOE, especialmente los ERE, que se diga lo que se diga es el gran escándalo andaluz. Que los jueces actúen sin piedad en todos ellos y se depuren responsabilidades, esto es lo que queremos la mayoría de los ciudadanos, caiga quien caiga.
Esta misma semana se ha producido, una vez más, otra actuación muy desmedida de los agentes policiales. Por una denuncia de supuesta adjudicación irregular de una campaña de publicidad, en la Diputación Provincial, por importe de 60.000 euros y que al parecer fue fraccionada, se detiene durante casi un día completo al actual delegado de Economía y Empleo de la Junta, por su anterior responsabilidad en la Corporación provincial, y a varios empresarios de la ciudad, presuntamente vinculados con un caso que investiga el juzgado, y vuelve a hacerse de nuevo por las bravas, con la pasarela de la humillación y las esposas, tratando a las personas como vulgares delincuentes aun cuando la magnitud del caso está muy limitada y no existen en principio razones para tanto rigor y de manera tan aparatosa. Ni siquiera ha sido paralelo a lo ocurrido hace unas fechas con el caso de la Cámara de Comercio, y en principio todo hace indicar que estamos a años luz entre ambos procesos, pero ¿cómo se decide que en unos casos sí y en otros no haya esposas y calabozo? Me parece sencillamente indignante.
De la misma manera opiné hace unos meses cuando vi por televisión que los policías se llevaban en Granada al exalcalde Torres Hurtado, con independencia de sus posibles responsabilidades penales, ese hombre no corría peligro de fuga y no era merecedor de un escarnio público precisamente de unas fuerzas de la que fue responsable durante unos años, vivir para ver. En este caso hay que pensar que hubo un interés político por apartarlo del poder, ya saben lo que se suele decir, en este ámbito hay amigos, enemigos y compañeros de partido.
Algunos pueden creer que salgo, por corporativismo, en defensa del delegado de la Junta, Antonio de la Torre, que es amigo y compañero de profesión, hemos trabajado juntos, lo considero una persona cabal y confío en su inocencia, y por supuesto en la de todos los demás, que se encuentran en libertad con cargos, sin perjuicio de que me reitero en lo antes señalado de que es el juez únicamente el que tiene que depurar las responsabilidades y esclarecer las situaciones. Lo que defiendo es que en un estado de derecho como el que tenemos en nuestro país, hay que cuidar las formas y los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la obligación de velar para que no se violen derechos de los ciudadanos.
Por supuesto que hay casos y casos y muchos tipos de delitos y de presuntos delitos. Por eso me refería a un sentido de la proporcionalidad, a que quienes mandan a la Policía, a los jueces, a los representantes del gobierno, sepan discernir entre una amplia gama de hechos presuntamente delictivos. Lo que hay que evitar a toda costa es que todo el mundo pase a ser sospechoso y convirtamos el ambiente en irrespirable, que ya lo es un poco. Y todo ello alentado por esta política con minúsculas que tenemos por aquí en la que los personajes de los bandos opuestos aprovechan el río revuelto para echarse en cara sus reproches cruzados sobre las dudas en la honorabilidad, y los hay que alardean en las redes sociales echando cieno sobre el tejado contrario desde la más absoluta incapacidad para la autocrítica, y esto lo hacen responsables públicos pero también los palmeros de los partidos, a veces con una más que sorprendente ligereza.
Y, cómo no, Fernández de Moya ha pedido vela en este entierro y como parece que ha visto que puede disparar a dar en su eterna guerra contra Reyes, que es obsesiva y enfermiza, ha ordenado cargar contra todo lo que se mueva en torno a este asunto, con la intención de sacar réditos o, por lo menos, para utilizarlo como ajuste de cuentas puro y duro. Así son las cosas.
Lo cierto es que la Policía últimamente no da abasto, me parece que jamás ha tenido tanto trabajo, esto a lo mejor quiere decir que en los juzgados, sin prisa pero sin pausa, sus señorías tratan de limpiar todo aquello que huela a podrido en las instituciones y en la sociedad. Esta ejemplaridad siempre es bienvenida, lo que discuto y pretendo combatir con mi opinión, es que no todo vale y que en el caso de la Policía debe hacer su función con toda la contundencia necesaria cuando así se requiera, pero con respeto a los derechos de las personas y a los preceptos legales. No siempre el fin justifica los medios, de ahí que crea que en los últimos meses, y en determinadas operaciones, los agentes se han pasado de frenada y la independencia y la división de poderes queda bastante en entredicho, aunque tampoco nos sorprende visto el panorama nacional donde hay ejemplos clamorosos que son ofensivos e insultantes.
Si hay que pedirle explicaciones a los jueces o algunos de ellos, alguien debería hacerlo. Si hay que pedírselas al subdelegado del Gobierno en el caso de Jaén, que debería estar para otras cosas en las que no actúa, desde las instancias oportunas se le deben exigir responsabilidades. En definitiva aquí, para lo bueno y para lo malo, que cada palo aguante su vela, pero evitemos los espectáculos que tantas veces son injustos y despreciables.
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En la actuación de la Policía es fácil entender que no todo vale.
