Lo advertí en una crónica de mediados de septiembre de 2019, cuando el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén, con el alcalde, Julio Millán al frente, empezó la cruzada para quitarle a la empresa Castillo su reinado de tantos años en el servicio de los autobuses urbanos de la ciudad. Terminaba aquel artículo de esta manera: “En esta película hay que contar con que Castillo no ha dicho aún la última palabra. Y no sé cómo ni de qué manera, pero la dirá”. Creo que no puede estar más claro. La instancia municipal viene actuando en determinados asuntos, entre ellos el de su propósito de anular el contrato del Ayuntamiento con la empresa Castillo, a mi juicio minusvalorando la capacidad de la otra parte, y este ha sido su gran error, que ha repetido en otros asuntos, como por ejemplo, y no es el único, el conflicto con Onda Jaén, que ha terminado con la supresión del medio, pero que en breve podría ser el siguiente disgusto para el alcalde y su equipo, porque Julio Millán no gana el hombre para contrariedades, algunos de los asuntos que llevaba como emblemáticos, este de los autobuses era la joya de la corona, se le han puesto cuesta arriba y en el conjunto de su programa la pandemia los ha condicionado, de modo que mejor hagan rogativas al Señor de Jaén y a la Virgen de la Capilla, porque si no sale el Plan Colce o el único proyecto que puede salvar al actual Consistorio de tantas penalidades, van a llegar a los cuatro años con un balance bastante mermado en sus planes y con varias iniciativas en manos de los tribunales de justicia, como también ha ocurrido con el contrato de FCC, cierto que ese no es consecuencia de su responsabilidad municipal, sino que viene del anterior gobierno del PP, pero la patata caliente le ha llegado en esta hora y quienes están hoy en el poder tienen que cargar con todo lo que venga, sea bueno o sea malo.
En el caso que nos ocupa de la empresa Castillo, lo que se ha conocido hoy es que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia concediendo a Herederos de José Castillo, S.L., la suspensión cautelar, temporal por tanto, del acuerdo del pleno municipal anulando el contrato, quedando revocado de esta forma un auto del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Jaén, de agosto de 2020, como igualmente no toma en consideración el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, también de julio pasado, que avalaba la decisión del gobierno municipal de anular la ampliación del contrato con la empresa que se remonta al año 2005, cuando se renovó el servicio por un periodo de 25 años, hasta 2032, en cuyo caso se metería en un periodo total de 73 años, porque la empresa de autobuses ya lleva a cargo del servicio en torno a la friolera de 80 años. Contra esta sentencia del tribunal andaluz cabe recurso de casación, pero ya es ante el Tribunal Supremo y el Ayuntamiento anuncia que lo formalizará. El revés municipal consiste en que todos los pasos hasta ahora dados para la licitación del contrato-puente y el definitivo del servicio, quedan sin efecto y Castillo puede seguir al frente de los autobuses urbanos hasta que se produzca otro pronunciamiento del órgano competente, en torno al recurso contra la declaración de nulidad, lo que se ignora es el tiempo que puede transcurrir, por tanto se desbaratan, provisionalmente al menos, los planes del equipo de gobierno. La primera teniente de alcalde, África Colomo, ha señalado, entre otras cosas, que están tranquilos porque “la razón y la legalidad están de nuestra parte”.
El alcalde creyó ver motivos de sobra, en una operación más que pensada, para quitar el servicio a Castillo, dicen que en absoluto se trata de una persecución, sino que se basan en un informe jurídico de los servicios técnicos municipales, apoyándose en que la medida adoptada hace 15 años “vulnera los procedimientos de licitación, publicidad y concurrencia para otorgar a Castillo la concesión por decreto del alcalde, y sin pasar por el pleno, órgano competente en todo caso”. Se aprovechaba entonces para recordar que Castillo se hizo cargo en el año 1961 del transporte urbano a través de un sistema de concierto, “una figura obsoleta en la actualidad en la legislación contractual”. Pero lo cierto es que durante todo este tiempo se ha ido renovando la prestación y en la etapa del anterior gobierno socialista no se analizaron los detalles que ahora se alertan.
También lo dije, con Castillo hemos topado. Es verdad que la empresa no se ha trabajado el aprecio de los jienenses, todo lo contrario, creo que ha de haber muy pocos ciudadanos que valoren positivamente los servicios que presta. No ha cuidado la imagen y ciertamente resultó extraño que hace 15 años se le renovara por un cuarto de siglo más, de una manera un tanto sui géneris. Cualquier encuesta ciudadana, y de hecho las ha habido, suspende a Castillo, pero además estrepitosamente. Esta empresa de amplia trayectoria, creada por el difunto José Castillo, ha sido un referente en Jaén. Ha hecho y deshecho a su antojo en muchas ocasiones, y no siempre por capricho, sino con la avenencia de los respectivos concejales responsables del área, con los que el empresario tenía costumbre de mantener buenas relaciones profesionales y personales, y me refiero a todos los partidos que han gobernado –las excepciones confirman la regla- y por supuesto antes de la llegada de la democracia, porque el año 1961 estaba aún muy lejos esa posibilidad.
En el anterior mandato municipal ha sido cuando más críticas han llegado a los plenos sobre el comportamiento de Autobuses Castillo, en su mayoría planteadas por el grupo de Jaén en Común (JeC), con Manuel Montejo como portavoz, que como hoy hace el grupo Adelante Jaén, abogaba por la municipalización del servicio, aunque también hubo iniciativas por parte del PSOE, a través de la concejal Matilde Cruz. Ambos se erigieron en severos vigías de este servicio y lograron además que el Ayuntamiento gobernado por el PP interviniera, tal vez obligado por la presión plenaria y de la calle, para impedir casos de mala praxis de la concesionaria. Tampoco se puede olvidar el aspecto político, insisto en que Castillo trataba de mantener las mejores relaciones con las concejalías responsables del transporte público, pero en algunos casos se encontró con negativas a tratar más allá de los asuntos del servicio, es el caso de la propia Cruz. En cambio el empresario sí se hacía ver, sin la más mínima discreción, en noches electorales especiales, por la sede del PP.
Mi intuición, la experiencia es un grado, ya me decía que el acuerdo del gobierno municipal iba a tener consecuencias, que en absoluto iba a ser un camino de rosas. Todo el que conozca a Castillo debería saber que era muy capaz de recurrir ante los tribunales la iniciativa municipal y de iniciar una guerra sin cuartel contra el Ayuntamiento para defender sus intereses, en lo que le asiste todo el derecho, faltaría más. Ya lo hizo en 2011, cuando consiguió paralizar las pruebas que se estaban realizando con el tranvía, él solo con sus abogados, pudieron frente a la potente maquinaria de la administración, creyó que el sistema tranviario le iba a hacer sombra y se salió con la suya de devolverlo a cocheras, un juez de Jaén le dio la razón y allí sigue diez años después, los mismos que él ha estado disfrutando de su exclusividad. Ahora ha recurrido a un prestigioso despacho de abogados granadino, Rafael Revelles Abogados, y le han proporcionado una satisfacción de las grandes por lo menos para ganar tiempo. También anuncié que el tiempo diría si el rescate prosperaba o se añadía otro asunto más para la polémica municipal y ciudadana. Acaba de llegar.
Objetivamente participo de que hay razones para censurar a la empresa de autobuses, Jaén se merece, en efecto, como lo tienen otras ciudades, un servicio acorde con los tiempos actuales, y no el rutinario de tantos años viciado por los malos hábitos perpetuados por el tiempo transcurrido. Pero para propiciar el rescate del servicio era obligado mantener la máxima prudencia y contar con todas las garantías legales. El concejal del PP, Javier Carazo, ha recordado que su partido se abstuvo en el pleno en el que se declaró la nulidad y entiende que no es muy razonable continuar con un proceso “que tiene muchas posibilidades de decaer jurídicamente”, por lo que demanda seguridad y prudencia.
En resumidas cuentas se ha ido contra Castillo sin medir su artillería pesada, sobre todo su petición de amparo a los tribunales que a lo largo de los años no le ha salido nada mal. Ahora veremos de qué manera sale el Ayuntamiento de esta tesitura y cómo arma su defensa para seguir hacia adelante con un futuro incierto, en el aire y con una batalla que por el momento tiene un ganador, aunque sea temporal, el empresario. Por último, señalé también en su momento que la iniciativa del alcalde y su equipo de gobierno, la pretendida joya de la corona de su mandato, era una apuesta tan valiente como polémica, y me remitía al tiempo, que es el que en el día de hoy me ha dado la razón.
