Por ANTONIO MARTÍN MESA / Cuando en España y en toda Europa nos disponíamos a dar por superada la sexta ola de la pandemia del coronavirus, así como a iniciar una etapa de recuperación económica para dejar atrás la fuerte recesión sufrida a consecuencia de la extensión de la enfermedad a nivel global, a finales de febrero se produce la invasión rusa en Ucrania y, con ella, un fortísimo shock económico que vuelve a ralentizar el crecimiento del PIB, dispara la inflación hasta niveles desconocidos desde hacía varias décadas, amenaza con subidas de los tipos de interés que estaban congelados desde 2016 en la Eurozona y, en suma, de nuevo aparecen oscuros nubarrones en el panorama de la debilitada economía española tras la muy reciente crisis de la Covid-19.
Apenas un mes después de iniciada la guerra, el 29 de marzo de 2022 el gobierno de España aprueba el denominado “Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania”. La fórmula utilizada fue la de un real decreto ley del Consejo de Ministros, que requería de su convalidación por el Congreso de los Diputados. Eran tres las posibilidades que en su tramitación parlamentaria se planteaban: la primera, aprobarlo y que continuara en vigor, tal y como lo estaba desde su publicación en el BOE; la segunda, acordar su admisión condicionada a que fuera tramitado como un proyecto de ley y, consecuentemente, susceptible de enmendar por parte de todos los grupos parlamentarios; la tercera opción, era la de rechazarlo y que dejaran de tener validez las medidas que contenía y que estaban aplicándose.
Sabemos que la alternativa que contó con mayores apoyos parlamentarios, en la sesión plenaria del pasado 28 de abril, fue la de su tramitación como proyecto de ley. Ahora bien, ¿Qué habría ocurrido si se hubiera rechazado por el Congreso? Sencillamente, que habrían tenido que anularse las medidas ya en vigor, tales como:
- La bonificación de 20 céntimos por litro de carburante repostado en las gasolineras.
- Las ayudas a los sectores más afectados por el impacto de la guerra: 450 millones de euros a los transportistas, 362 para la agricultura y la ganadería, 68 a la pesca y 500 a la industria electrointensiva.
- La rebaja del IVA de la luz desde el 21 al 10 por 100, la suspensión del impuesto del 7 por 100 sobre la producción de luz, la reducción del 5,1 al 0,5 por 100 en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, rebajas previstas todas ellas hasta el 30 de junio de este año.
- La ampliación del bono social a 600.000 nuevas familias, hasta alcanzar los 1,9 millones de hogares cubiertos.
- La limitación al 2 por 100, hasta el 30 de junio, del incremento del precio de los alquileres.
- La elevación del Ingreso Mínimo Vital en un 15 por 100 durante tres meses.
- La prohibición del despido objetivo en las empresas que reciban asistencia pública o se acojan a un ERTE.
- Etcétera.
En total, un paquete de medidas valorado en 6.000 millones de euros en ayudas y rebajas fiscales y 10.000 millones en créditos avalados por el ICO, que afortunadamente siguen en vigor y que podrán ser ampliadas, reducidas o eliminadas en su paso por el Congreso, pero que de momento siguen ayudando a nuestras empresas y a los sectores y familias más perjudicados para hacer frente a este nuevo shock económico.
Por mucho que lo haya meditado, no alcanzo a entender cómo el gobierno no ha buscado un pacto amplio, que incluyera a la mayoría de los grupos parlamentarios, para sacar adelante este plan de choque frente a la guerra. Tampoco entiendo que el principal partido de la oposición haya podido votar “no”, amparándose en que no estaban todas las rebajas fiscales que propugna. Más comprensible es, sin embargo, la votación de los independentistas catalanes, ya que su único interés es irse de España y poco les importa el bienestar de los ciudadanos, ni el de los catalanes ni el de los del resto de España, habiendo encontrado ahora la excusa en el escándalo del espionaje a través del programa Pegasus.
Ahora viene un periodo en el que se podrá mejorar el texto, sin duda, pero habrá que buscar pactos por parte del gobierno, así como encontrar alianzas para introducir rebajas fiscales selectivas y temporales, como preconiza el principal partido de la oposición. Ahora bien, que por encima de todo esté el beneficio e intereses de los ciudadanos y de las empresas españolas, y ello no se consigue con declaraciones grandilocuentes, sino con votaciones responsables y con voluntades de consenso, que desgraciadamente no es algo que practiquen actualmente nuestros políticos.
Foto: El gobierno ha logrado sacar adelante el plan de respuesta a la guerra de Ucrania.
