Por ANTONIO MARTÍN MESA / Ya tenemos gobierno en España. En efecto, el pasado día 7 de este mes de enero el Congreso de los Diputados investía presidente al candidato Pedro Sánchez. El resultado de la votación, como todo el mundo sabe, fue de 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Precario resultado para los retos que nos aguardan. En mi anterior colaboración en este blog sostenía que, con estos previsibles apoyos en la investidura, no creía que se pudieran afrontar los importantes retos económicos que España tiene por delante y que serían necesarios grandes pactos de Estado entre los grupos mayoritarios (PSOE y PP). Hoy, a pesar del bronco enfrentamiento protagonizado en las sesiones del Congreso, sigo pensando que es necesaria altura de miras e intentar acuerdos por el bien del país y de los españoles.
El primer reto será el de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, precedido del establecimiento del techo de gasto (límite de gasto no financiero al que pueden llegar las administraciones públicas: Estado, comunidades autónomas y administración local, excluida la Seguridad Social). Es evidente que no se puede continuar, un año más, con unos presupuestos prorrogados desde 2018. La inestabilidad política de estos últimos meses ha propiciado que no se cumpla el objetivo de déficit que teníamos comprometido para 2019. El gobierno debe “pisar el acelerador”, desempolvar el proyecto que quedó rechazado el año pasado, actualizarlo y pactar con los grupos políticos y, no nos olvidemos, con la Unión Europea, unos presupuestos para 2020, porque: “si no hay presupuestos, no hay legislatura”.
Otro de los grandes retos económicos es el de las pensiones. En el primer Consejo de Ministros (14 de enero) ya se ha aprobado para 2020 incrementarlas un 0,9 por 100, de nuevo ligándolas a la inflación para no perder capacidad adquisitiva. Ahora bien, el problema de fondo queda por resolver. La Seguridad Social arroja, año tras año, déficit en sus cuentas, y ello de forma ininterrumpida desde 2011, de forma que la “hucha de las pensiones”, que tenía unas reservas de 66.815 millones de euros en aquel año, ha cerrado 2019 con apenas 2.150 millones, habiéndole concedido el Estado un crédito de 13.830 millones de euros en 2018 y otros tantos en 2019. La viabilidad del sistema y la respuesta a las demandas de los pensionistas es, sin duda, uno de los grandes temas de Estado que requiere amplios consensos (miremos lo que ocurre en la vecina Francia cuando estos retos no se afrontan con acuerdos amplios).
España forma parte de la Unión Europea desde 1986 y de la Eurozona desde el 1 de enero de 1999. Consecuentemente, estamos comprometidos con la disciplina fiscal (control del déficit y de la deuda pública), que es de obligado cumplimiento por los Estados miembros. El incremento del gasto público, como consecuencia de los acuerdos de investidura, deberá tener su contrapartida con un aumento de los ingresos capaz de financiar el mismo. Además, la UE ya nos ha instado a realizar un ajuste de 9.600 millones de euros. Es evidente que el nuevo gobierno deberá pactar con la Comisión una nueva senda de déficit e intentar cumplirla con disciplina fiscal, encontrando los apoyos parlamentarios precisos.
El salario mínimo interprofesional (SMI) está en la actualidad en 12.600 euros brutos anuales (14 pagas de 900 euros mensuales). El acuerdo del gobierno de coalición es que se eleve hasta los 1.200 euros mensuales al final de la legislatura, incluso la pretensión de Podemos es que este año se sitúe en 1.000 euros. En la UE hay 13 países con un SMI superior al nuestro (Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Bélgica, Reino Unido, Finlandia, Austria, Italia, Suecia, Francia y Alemania). El incremento hasta los 900 euros llevado a cabo en 2019 no ha tenido los negativos efectos que algunos –entre los que me incluyo- vaticinábamos. El tema habrá que afrontarlo en el marco del correspondiente acuerdo con sindicatos y empresarios y tratar de lograr un amplio consenso parlamentario.
El nuevo gobierno habla de derogación parcial versus total de la “Reforma laboral” de 2012. A mi juicio lo más importante es la creación de empleo, y ello depende del crecimiento económico, de la competitividad de la economía y de la coyuntura internacional. Ahora bien, ello se consigue siempre y cuando desde la administración no se coarte, dificulte o limite la creación de empleo. Sí, seguramente habrá que elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, puesto que el actual
–impulsado en los Pactos de la Moncloa de 1978- ha quedado obsoleto, pero siempre teniendo en consideración que la prioridad es la creación de empleo y, además, de empleo de calidad, y no el mayor o menor poder y control por parte de la patronal o los sindicatos. En un país que soporta la segunda tasa de paro más elevada de la UE, este es otro de los grandes temas de Estado.
Si va a haber más gasto público deberán incrementarse los ingresos fiscales, como es obvio, de forma que la subida de impuestos será otro de los grandes retos del nuevo gobierno. Ya se nos anuncia que el Impuesto de Sociedades elevará su mínimo hasta el 15 por 100 en las grandes empresas y al 18 por 100 en los bancos y petroleras. Asimismo, el gobierno va a incrementar dos puntos la tarifa del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros y en cuatro puntos las de más de 300.000. Veremos qué ocurre con las SICAV, con la denominada “tasa Google”, etc. Sigo pensando que la UE debería progresar en la Unión Fiscal, ya que en un mundo globalizado los capitales emigran desde las zonas con mayor presión fiscal hacia los “paraísos fiscales”.
Podríamos continuar con otros retos económicos que se presentan al gobierno en el inmediato futuro, seguramente tendremos ocasión de hacerlo en próximas colaboraciones. Ahora bien, sí que termino diciendo que el equipo económico del gobierno merece crédito inicial por su solvencia técnica, tal y como es el caso de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (anterior presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF) y de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya (hasta ahora Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, una agencia conjunta de la ONU y de la Organización Mundial del Comercio). Veremos su actuación y “seguiremos hablando del gobierno”, como dirían los inolvidables Tip y Coll.
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