Por ANTONIO MARTÍN MESA / Desde el comienzo de la crisis económica, hace ya más de 10 años, la economía española está atravesando un proceso de intensa desbancarización, entendiendo como tal no sólo la exclusión del sistema crediticio de un importante número de agentes económicos y de consumidores incapaces de ofrecer las suficientes garantías a los requerimientos exigidos por unas entidades debilitadas por el elevado volumen de créditos impagados que han debido soportar, sino también la drástica reducción del número de entidades, de oficinas y de personal e, incluso, la recomposición de las cuentas de resultados, buscando ingresos ajenos a los puramente bancarios.
El Banco de España registraba 46.167 oficinas y 270.855 empleados en 2008, sin embargo, diez años después el número de oficinas apenas supera las 26.000 y los empleados se sitúan en el entorno de los 175.000, es decir, en este período se han cerrado 20.000 oficinas (más del 40 por 10) y han perdido su empleo en el sector un total de 95.000 trabajadores (35 por 100), todo ello como producto de un proceso de concentración bancaria desconocido hasta estos tiempos.
En 2008 había más de 50 entidades en la banca y en el sector de las cajas de ahorros (dejamos al margen a las cooperativas de crédito-cajas rurales, que ya vivieron su proceso de crisis y concentración a finales del siglo pasado); pues bien, diez años después apenas subsisten una decena de grupos bancarios y dos pequeñísimas cajas de ahorros (Onteniente en Valencia y Pollensa en Mallorca). Los grupos bancarios actuales son el producto de las fusiones realizadas durante los años convulsos de la crisis: Santander (Santander, Popular y Pastor), BBVA (BBVA, Caixa Sabadell, Terrasa, Manlleu, Catalunya, Tarragona y Manresa), La Caixa (La Caixa, Girona, Navarra, Burgos, Canarias, Cajasol y Guadalajara), Bankia (Caja Madrid, Bancaja, Canarias, Laietana, Ávila, Segovia, Rioja, Murcia, Penedés, Granada y Sa Nostra), Sabadell (Sabadell, Guipuzcoano y CAM), Kutxabank (Kutxa, Vital, BBK y Cajasur), Ibercaja (Ibercaja, Caja Inmaculada, Círculo y Badajoz), Unicaja (Unicaja, Jaén, Duero y Caja España), Liberbank (Cajastur, Castilla La Mancha, Extremadura y Cantabria) y Bankinter (sigue inalterablemente solo). Además, actualmente están en proceso de fusión Unicaja y Liberbank.
El proceso continuará en este año de 2019 y en los ejercicios venideros. Así, Unicaja ya ha anunciado la reducción de su plantilla con 760 prejubilaciones, ello al margen de lo que pueda suponer la nueva fusión con Liberbank. CaixaBank, por su parte, ha anunciado un ERE para reducir su plantilla en 2.157 personas y el cierre de 793 oficinas. El BBVA continúa con sus ajustes de plantilla y oficinas, así, ahora plantea despedir a 1.500 trabajadores de su filial mexicana, su principal mercado, además de los ajustes previstos en Turquía y, por supuesto, en España.
¿Cuál está siendo la consecuencia de este proceso? Es indudable que uno de los resultados más perjudiciales en el ámbito rural es la denominada “exclusión financiera”, que ha dejado sin acceso a una sucursal bancaria próxima a su domicilio a millones de españoles. Así, en más del 50 por 100 de los 8.124 municipios que hay en España no existe ninguna entidad y en el 16 por 100 de ellos sólo una sucursal, con la molestia que supone para una población envejecida, como la residente en estos ámbitos rurales, trasladarse a otro municipio para resolver sus gestiones financieras. Tampoco es una solución la banca online, que en la actualidad potencian las entidades bancarias, ya que se trata de una población con dificultades de acceso a Internet y con un nivel de cultura informática muy reducido.
Una excepción a este proceso de “exclusión financiera”, que avanza a gran velocidad en España, lo constituye la provincia de Jaén, gracias a Caja Rural de Jaén, que sí mantiene sucursales abiertas en todos los municipios de nuestra provincia, incluso a costa de que alguna de estas oficinas arroje resultados negativos. Es, sin duda, una apuesta empresarial, expresión de su vocación jiennense y rural.
