Por ANTONIO MARTÍN MESA / El 6 de abril de 1995 el Congreso de los Diputados aprobó el documento Análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse, lo que pasó a conocerse como el Pacto de Toledo. A partir de ese momento el sistema público de pensiones dejó de estar en el centro de la lucha política partidaria y se fue avanzando en las reformas, no sin dificultades, a través del consenso.
En 2018 se han roto todos los consensos: los partidos vuelven a ofrecer el “yo más”, los pensionistas se manifiestan en contra de la testimonial subida del 0,25%, se hacen manifestaciones por doquier y se crean plataformas, por ejemplo, la Mesa Estatal por el Blindaje Constitucional de las Pensiones.
La convulsión social de las últimas semanas encuentra explicación, por una parte, por la exigua subida del 0,25% comunicada por carta a los pensionistas (“cuesta más el papel, el sobre y la franquicia postal, que la subida concedida”, se argumenta); por otra parte, por la constatación de que el Fondo de Reserva, la conocida “hucha de las pensiones”, se agota.
En efecto, la “hucha” que llegó a contar con un máximo histórico de 66.815 millones de euros al finalizar 2011, ha venido perdiendo recursos año tras año, hasta cerrar 2017 con 8.095 millones de euros. Ello, por las operaciones de préstamo (maquillaje) realizadas por el Gobierno con cargo a los Presupuestos Generales del Estado: 5.986 millones de euros en junio de 2017; 4.206 millones en diciembre de ese año y 15.164 millones de euros en el proyecto de Presupuestos para 2018, a los que se sumarán 3.826 millones procedentes de la “hucha”, todo ello para cubrir el desfase entre ingresos y gastos previstos para este ejercicio, que se eleva hasta los 19.000 millones de euros. Aquí reside el problema, el déficit estructural del actual sistema de pensiones.
Se vienen ensayando todo tipo de reformas, todas con el común denominador de reducir la factura de las pensiones –menos dinero para los pensionistas- y retrasar la edad de jubilación:
- Para el cálculo de la pensión inicial, ya en 2018 se tomarán como base los últimos 25 años cotizados, para llegar en 2012 hasta los 25 años.
- La edad legal de jubilación se sitúa en 2018 en los 65 años y 6 meses, pudiéndose jubilar a los 65 años –con el 100% de la pensión- sólo si se han cotizado 36 años y 6 meses. En 2027 la edad legal habrá alcanzado los 67 años, fijándose en 65 –sin reducciones- si se han cotizado 38 años y 6 meses.
- El Factor de Revalorización Anual de las pensiones (FRA), ha venido a sustituir al IPC como índice de subida de las pensiones y se vincula a la evolución de los ingresos y gastos: se moverá entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC+0,5%. El mínimo del 0,25% es lo incrementado estos últimos años (veremos qué ocurre con los Presupuestos Generales del Estado para este año, si es que se aprueban).
- El denominado Factor de Sostenibilidad, es la última reforma que ha visto la luz, y se aplicará a partir de 1 de enero de 2019 a los nuevos pensionistas (no se aplicará a los actuales). En concreto, este factor liga la pensión inicial de los nuevos jubilados con la esperanza de vida, es decir, nuevos recortes.
En suma, con 9,6 millones de pensiones: 5,9 de jubilación; 2,4 de viudedad, 338.644 de orfandad; 948.393 de incapacidad, etc., el sistema arrojará un déficit de 19.000 millones de euros en 2018. Pasó el tiempo de los parches y de las reformas parciales. Ha llegado el momento de afrontar definitivamente la viabilidad del sistema público de pensiones. Ya lo avisaba el profesor José Barea en la segunda mitad de los años 90: “Hay que asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones o quebrará”. No dejemos que quiebre.
