25/10/2016
Decía San Agustín que “la ley injusta no es ley, sino violencia», motivo por el cual, a lo largo de toda la historia, han sido numerosos los movimientos de desobediencia civil que han tratado de provocar cambios a través de la negativa a obedecer leyes contrarias a lo que la mayoría social consideraba justo.
La evolución de nuestro sistema nos ha llevado a tener reconocido en determinados ámbitos el derecho de objeción de conciencia, que no es otro que aquel que reconoce a la persona el derecho para incumplir un deber jurídico por motivos de conciencia. Pero la objeción de conciencia no es un derecho ilimitado y, por ello, no puede invocarse a merced de las convicciones personales que cada cual tenga sobre cualquier materia.
De un tiempo a esta parte, sin embargo, estamos asistiendo a comportamientos de resistencia al cumplimiento de las normas, una resistencia que no viene de la masa social, sino que está siendo ejecutada por personajes que ostentan cargos de representación pública. Vengan de un lado o de otro, se trata de sobreactuaciones que buscan más el minuto de gloria en la redes sociales, que un cambio real de las normas que dicen aborrecer. Pero en todos los casos el trasfondo viene a ser el mismo, su espíritu totalitarista les lleva a imponer su voluntad con independencia de la opinión del resto.
Lejos de buscar mejoras sociales, lo que estos personajes quieren es imponer a la sociedad su forma de pensar. Acceden a los ayuntamientos, a las asambleas de las comunidades autónomas, al Congreso y al Senado haciendo uso de las normas democráticas, pero una vez instalados allí, las rompen delante de las cámaras de televisión.
Insumisos de diseño, vestidos para la ocasión, cobran del erario público con la misma desvergüenza que nos faltan al respeto. Olvidan, sin embargo, que la desobediencia no tiene por qué ser patrimonio exclusivo de estos políticos 3.0, puesto que los que pagamos los impuestos que financian sus pantomimas, podemos exigir barra libre de desobediencia. Así, si este es el modelo que quieren, el resto de los españolitos podemos ir decidiendo si pagamos los impuestos o rompemos nuestra declaración de la renta delante de cualquier concejal irresponsable que, como el de Badalona, juega con el papel de la Justicia.
Las normas están para cumplirlas y si no nos gustan, se cambian entre todos, pero el menú a la carta es incompatible con la convivencia pacífica, algo que saben a ciencia cierta quienes están forzando, lo que por suerte, la sensatez está frenando. Las “rebeliones a bordo” que están representando niñatos (y no tan jovenzuelos) no es desobediencia, sino falta de respeto a una sociedad democrática en la que no saben estar, por eso ante el vicio de pedir, ya dice el refrán, que está la virtud de no dar.
