Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al último trimestre, muestran una evolución positiva en términos de ocupación del mercado laboral, al situar en 20.031.000 el número de personas empleadas convirtiendo este registro en el más alto desde 2008, no obstante, no se puede soslayar que todavía 95.000 trabajadores estaban en ERTE o pago parcial de la empresa. Por otra parte la tasa de paro se situó en ese período en el 14.5%, 69 centésimas inferior al trimestre anterior. Sin embargo, ante la mejora de estos datos, la disonancia sigue evidenciada por la alta precariedad de que adolece el mercado laboral, ya que la tasa de temporalidad alcanza el 26.02 y la precariedad el 13.46%, datos que, obviamente, restan crédito al comportamiento del empleo en el período al que se contraen estos datos.
Desde el inicio de la legislatura, en el Ejecutivo de coalición, han surgido algunas discrepancias en base, unas veces, a la diferente interpretación de los acuerdos pactados por ambos partidos, y, en otras, por los argumentos aducidos por el partido mayoritario en razón a la inconveniencia de abordar una derogación total de la reforma de 2012, efectuada por el PP. Baste recordar algunas disensiones, más sonadas, habidas en torno a temas como “La Ley de la Vivienda y Regulación de los Alquileres” o “El Salario Mínimo Vital”…
La pertinaz insistencia que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está ejerciendo sobre su socio de coalición, exigiendo la derogación total, como parte del acuerdo de coalición, de la reforma anterior, está tensando nuevamente las relaciones entre ambos partidos ya que, efectivamente, no parece el momento más oportuno de plantear una abolición integra del texto en vigor cuando España está supeditada de una forma absoluta al parecer de Bruselas, que abomina de una acción de esa naturaleza. Por otra parte, la inoportunidad de la misma, podría poner en peligro la anuencia necesaria de todos los socios para para apoyar la obtención de los fondos asignados a nuestro país dimanantes de los Fondos Next Generation, incondicionalmente supeditados a que se apruebe un marco regulatorio del mercado laboral acorde con sus criterios.
Es verdad que los altos índices de temporalidad y precariedad del mercado laboral, como así mismo la regulación de la subcontratación, o el equilibrio de las partes en la negociación colectiva, entre otras, deberán ser revisados en las negociaciones entre los agentes implicados, ya que la valoración del marco regulatorio no sólo es tenida en cuenta por los empresarios españoles a la hora de iniciar nuevos proyectos o ampliar los actuales, sino que trasciende a un ámbito más extenso donde las empresas foráneas supeditarán sus decisiones relativas a nuevos proyectos a la racionalidad de las legislaciones del marco laboral de cada país.
En mi opinión, lo que en el fondo parece subyacer es la pugna por capitalizar los avances en materia de protección y defensa de los trabajadores que ambos partidos pretenden obtener, sin olvidar, por otra parte, que, aun siendo socios, sus intereses políticos son contrapuestos y una cesión a los dictados que exige Podemos supondría ganar una baza que podría ser muy valiosa en las próximas elecciones.
