La irrupción de esta crisis ha interceptado la dinámica de la economía, ralentizando el ritmo de la actividad económica, lo que ha provocado el desplome de los ingresos y el incremento de los gastos de empresas y familias. Si en el caso de los hogares el ahorro acumulado se ha incrementado a final de 2020 de forma sorprendente, aunque, por otra parte motivada por las limitaciones de movilidad y su efecto negativo sobre el consumo, no ha evitado que muchas familias, que han perdido sus trabajos o, en el mejor de los casos, han visto reducidos sus ingresos por estar afectado por un ERTE, no puedan hacer frente a sus obligaciones de pago por créditos o préstamos concertados. En similar situación pueden hallarse muchas empresas, autónomos o comerciantes que están sufriendo una súbita paralización en su actividad empresarial o comercial.
Los consejos de diversas instituciones mundiales sobre el endeudamiento han podido exceder la prudencia que siempre debe presidir el progreso de la deuda de todos los agentes implicados. Sin embargo, a pesar de aquellas indicaciones tan sugestivas, el FMI alerta ahora de la amenaza latente de que la depresión económica y su dilatación deriven en una crisis financiera, sobre todo en aquellos países más vulnerables, como es el caso de España.
La deuda total de la economía española, según los datos publicados por el Banco de España relativos a noviembre último, ascendía a 2.963 billones de euros, que representa el 258% del PIB. La mayor parte corresponde a la Deuda Publica que, a esa fecha, escalaba hasta 1.313 billones de euros, un 114% del PIB cuando a final de diciembre anterior era el 95,5%. La deuda privada ha crecido en 53.200, importe que absorbe las empresas no financieras, llegando hasta los 945.509 millones de euros, mientras que el endeudamiento de los hogares se situó en 695.892, registro que supone una ligera disminución de 8.114 euros.
Si en el caso de las grandes empresas han podido anticiparse al déficit de liquidez que ha provocado esta crisis, bien renegociando sus endeudamientos, emitiendo bonos o por otros canales a los que ellas sólo tienen acceso por su tamaño, no es este el caso de las Pymes, autónomos, y comerciantes que pueden estar al borde de situaciones extremas por la falta de liquidez para atender sus deudas.
Así lo confirma la patronal Cepyme, que cifra la pérdida de facturación semanal del conjunto del sector empresarial, en 1.200 millones de euros, afectando de forma más virulenta al comercio, el turismo y la hostelería, y alerta de que un nuevo confinamiento general supondría la pérdida de 1.800 millones de euros semanales, lo que podría determinar que uno de cada cinco negocios tuvieran que cerrar y destruiría otros 480.000 empleos.
No se dibuja mejor perspectiva para los hogares si tenemos en cuenta que enero ha terminado con 739.000 trabajadores afectados por un ERTE y, en el caso de que sus empresas puedan quedar abocadas a un cierre definitivo, un alto porcentaje, que esta organización cifra en un 10% de las mismas, tendrían serias dificultades para hacer frente a sus obligaciones de pago contraídas. Para mayor abundamiento, hasta este momento, las entidades financieras han accedido a considerar 1.386 millones de moratorias de pago de cuotas de préstamos, tanto de naturaleza hipotecaria como personal.
No parecen, por tanto, fuera de lugar las advertencias del FMI sobre la posibilidad de que esa enorme bolsa de deuda y, sobre todo, las dificultades añadidas que acentúan la situación de las empresas y los hogares, puedan complicar en un futuro próximo la normal evolución de los pagos de sus préstamos y créditos, generando problemas muy serios a las entidades financieras que, advertidas del más que probable deterioro de sus carteras de este tipo de activos, se han visto obligadas a incrementar las provisiones para cubrirse frente a los futuros impagos de sus clientes.
En conclusión, el Estado debe arbitrar las medidas adecuadas para apostar por el mantenimiento del sistema productivo, inyectando fondos en las empresas, evitando generalizaciones, para que estas ayudas sean eficaces y eficientes. Por lo que respecta a los hogares deben agotarse todas las vías de negociación con las entidades para facilitar la moratoria de los pagos de sus créditos y préstamos.
