Por ANTONIO MARTIN MESA / Desde la década de los años 80 del siglo pasado, el sistema público de pensiones se ha sometido en España a sucesivas reformas con el objetivo de asegurar su suficiencia y sostenibilidad. De ellas me hacía eco en la primera parte de esta colaboración, publicada en la sección de “Firmas invitadas” del Blog En Jaén donde resisto, que recomiendo leer con carácter previo. La gran “noticia” de estos últimos meses es que el Pacto de Toledo, encargado de proponer la reforma del sistema de pensiones, alcanzó un amplio acuerdo con 262 votos favorables (entre ellos los del PSOE y PP). En estos tiempos de habitual bronca política, no deja de ser esperanzador que en un tema capital, tal y como son las pensiones de nuestros mayores, se llegue a un amplísimo consenso parlamentario. Bienvenido sea y que cunda el ejemplo en otros temas, igualmente de capital importancia.
Durante las próximas semanas y, seguramente, meses, el Congreso de los Diputados deberá tramitar el correspondiente proyecto de ley que reforme la actual legislación del sistema público de pensiones, en el que queden plasmadas las diferentes recomendaciones del Pacto de Toledo. ¡Miedo me da! Tal y como está el panorama político, no sería de extrañar que lo que hace un par de meses era consenso y acuerdo hoy se convierta en motivo de trifulca y enfrentamiento. Como dice un viejo refrán castellano: “Pongamos una vela a Dios y otra al diablo”, esperando que el consenso se reproduzca y que la inquietud que hoy sufren más de 9,5 millones de pensionistas, respecto a la garantía de su prestación, quede salvada por la nueva ley. Hasta que llegue ese momento, hoy lo que vamos a hacer es detenernos en recordar los principales consensos del Pacto de Toledo. No pretendo mencionarlos todos, sino solo aquellos de mayor trascendencia:
-Un primer tema importante es el equilibrio financiero del sistema, para lo que se aboga por la separación de las fuentes de financiación, de forma que las cotizaciones financien exclusivamente las prestaciones contributivas y el resto se paguen con impuestos, es decir, a través de los Presupuestos Generales del Estado.
-El nuevo sistema debe garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo, para lo que se propone que la revalorización anual de las pensiones se realice con base en la evolución del IPC y, además, que ello quede garantizado a través de una ley específica. El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha propuesto recientemente que la revalorización se base en una media del IPC de cinco años, que recoja tanto las tasas de inflación previas como las previstas y que, consecuentemente, se corrija anualmente.
-Para el cálculo de la pensión inicial, el Pacto mantiene que a partir de 2022 se tome como referencia un periodo de 25 años cotizados. No obstante, se recomienda analizar la posibilidad de que se puedan elegir “los años más favorables en la determinación de la base reguladora, en particular para los trabajadores que a partir de una determinada edad y durante un largo periodo de tiempo hayan experimentado una reducción significativa de las bases de cotización”.
-Por lo que respecta a la edad de jubilación, que como es sabido está en proceso de ampliación, de modo que en 2027 será a los 67 años, el Pacto aboga por que “la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida”, para lo cual propone dos vías de actuación:
a) Retraso en la jubilación, para lo que se debería “fomentar la permanencia de los trabajadores a través de mejoras de los incentivos sociales, fiscales y laborales existentes”. Asimismo, se trataría de incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad legal, mediante la mejora de la compatibilidad de la pensión con los ingresos provenientes de una actividad profesional. Desde instancias gubernamentales se está barajando un incremento del 4 por 100 por cada año que el trabajador retrase su retiro, pudiendo superarse la pensión máxima legal, en su caso.
b) Jubilaciones anticipadas. A este respecto, el Pacto de Toledo quiere “evitar que el retiro anticipado se use como un ajuste de empleo, por lo que esta modalidad de jubilación debería reservarse para aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y que opten por acogerse a ella”. Desde el ámbito del Ministerio de Seguridad Social se prevé un sistema de desincentivos que reduciría la pensión de aquellos trabajadores que adelanten su retiro, reducción que se calculará por cada mes que lo anticipe.
Evidentemente son muchas más las recomendaciones del Pacto, tales como las relativas a viudedad y orfandad, sobre integración de regímenes, sistemas complementarios, personas con discapacidad, emigrantes, lucha contra el fraude y control, etc., pero aquí he pretendido traer las más significativas y de mayor trascendencia social y económica. Los retos son claros: garantizar la prestación a los 9,5 millones de pensionistas de las diferentes modalidades que hay en España y financiar los 10.000 millones de euros que en la actualidad supone el gasto mensual en pensiones, además de que estas garantías sean sostenibles en el tiempo. Solo trasladando las recomendaciones del Pacto a la correspondiente ley o leyes, se estará caminando por la vía adecuada para conseguirlo.
){kind=link}