Me imagino que habrá interesados en la situación general de la Universidad de Jaén, especialmente de su salud económica, y habrán tenido la curiosidad de leer la carta abierta que el rector de la UJA, Juan Gómez Ortega, ha dirigido a la comunidad universitaria, sobre un tema trascendente del que ya se venía rumoreando hace unas cuantas semanas, tras un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y que no es otra cosa que una reducción de 135 millones en el presupuesto de este año 2020 para las universidades públicas. El rector ha utilizado esta fórmula de la carta, pero el asunto tiene trascendencia para haber convocado a los medios de comunicación y someterse a las preguntas de los periodistas, para alzar la voz. La jugada en sí es un poco sibilina y de ingeniería financiera, porque a la vez que se pega el bocado a la dotación presupuestaria se da a los rectores la posibilidad de utilizar fondos de remanentes de ejercicios pasados, para afrontar sus gastos corrientes previamente presupuestados, como mal menor, pero para gastarlos necesitan autorización expresa de la Junta y además este escenario en el que las universidades no han sido previamente consultadas, plantea incertidumbre porque este año rompe los esquemas, pero ¿qué va a pasar de cara al año próximo y siguientes?
Esos 135 millones que se le han detraído al sistema universitario público andaluz, de los que alrededor de 15,5 millones corresponden a la UJA, han pasado a engrosar el Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19. Las universidades son solidarias con un problema sanitario que a todos nos afecta, pero disienten sobre la forma de hacerlo, porque al intervenir sobre su capacidad financiera ponen en dificultad el desarrollo de la Universidad, en un momento en el que se viene demandando de los responsables del actual gobierno andaluz un modelo de financiación que acabe de una vez por todas con la provisionalidad y la mayor o menor voluntad política. Esto no es nuevo, en el año 2011 concluyó el anterior modelo de financiación y pese a que se demandaba reiteradamente, la presidenta Susana Díaz le fue dando largas y no se logró esta legítima aspiración, así que de aquellos polvos estos lodos. Sin embargo, hace unas semanas, cuando se empezó a rumorear en torno al tijeretazo presupuestario, fue el propio consejero de Hacienda, la cuota jienense en el ejecutivo, Juan Bravo, el que negó la mayor, dijo que no era cierto y que si se le podía demostrar él se iba del cargo. Claro que para no tener que verse en esa delicada situación, se han buscado el subterfugio de los remanentes, algunos desde el año 2015, dinero que la Junta de la señora Díaz les dejó a deber a las universidades, y que en teoría pueden utilizar, pero sea como fuere lo cierto es que al presupuesto le han dado, dejémonos de eufemismos, un bocado de 135 millones de euros.
¿Pueden las universidades públicas colaborar en los fondos que precisa la atención que tiene que ser preferencial al COVID-19? Desde luego que sí, y no se niegan los rectores a ello, sí lamentan encontrarse con los hechos consumados y no haber tenido la posibilidad de buscar otras vías alternativas, que tiene que haberlas. En la carta del rector de Jaén, que trata de ser políticamente correcto y no abrir una guerra de enfrentamiento con la Junta, más aún en su condición de presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), deja claro que esta difícil situación sobrevenida no va a afectar a la capacidad ejecutora de la UJA, pero sí les inquieta lo que vaya a ocurrir en el año 2021 y sucesivos, y, al mismo tiempo, que no se haya puesto sobre la mesa una fórmula para restituir el dinero que ahora se detrae por una situación de emergencia. Y no deja de reconocer que la situación creada plantea una clara reducción patrimonial de la UJA de cara a proyectos estratégicos futuros. Una de cal y otra de arena.
Juan Gómez se muestra muy comedido en la carta abierta, tal vez sea su papel, pero creo que tendría que haber sido menos prolijo pero más contundente, como la rectora de Granada, Pilar Aranda, de la que he leído unas recientes declaraciones en El País, en donde se explica con pelos y señales, refiriéndose a los actuales y a los anteriores gobernantes, y llamando a las cosas por su nombre, en román paladino.
El rector lo explica en su carta, pero hay que poner énfasis en que en un momento en el que se plantea con urgencia la reactivación económica del territorio, en este caso la provincia de Jaén, es un contrasentido restar fortaleza económica, a una institución que siempre se ha tenido, desde la aprobación en el Parlamento el 1 de julio de 1993, acaban de cumplirse 27 años, como el motor, la palanca de cambio y de transformación. Si se le merman sus posibilidades se estará haciendo un flaco favor a la provincia porque hay instituciones que para que sean referentes han de ser ejemplos de todo menos de debilidad. Un impacto negativo sobre la UJA en este momento tan delicado e inoportuno podría ser muy perjudicial para una provincia de la que la actual Junta ha repetido varias veces que es una prioridad, y no parece que sea una buena forma de demostrarlo. Si la Universidad de Jaén no dispone de medios para apoyar la reactivación económica y buscar solución a los problemas generados por la pandemia, mediante las distintas áreas de conocimiento, me pregunto quién tendrá ese cometido. El rector ha reaccionado, así es, pero en un asunto tan crucial la defensa de la institución y de la provincia de Jaén, porque son la misma cosa, tal vez merecían un mensaje rotundo y de mayor carga política.
Foto: Juan Gómez, rector de la Universidad de Jaén, en su toma de posesión del cargo, ante el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco.
