La actual Política Agraria Común (PAC, en adelante) acaba, en teoría, el 31 de diciembre de 2020. Pienso que no será así, sino que se extenderá probablemente dos años más, debido a que está condicionada por múltiples factores que retrasarán la entrada de la PAC post 2020: el Brexit, que se traduce, en términos financieros, en 13.000 millones de euros menos en las arcas comunitarias; los nuevos compromisos europeos en materia de emigración, defensa, investigación, etc., que requieren 12.500 millones de euros adicionales; las reticencias de algunos países a aumentar su aportación a la UE desde el 1,03 al 1,11 del PIB, única salida para cuadrar las cuentas; las elecciones europeas; el nuevo escenario geopolítico que afecta a las relaciones comerciales y al diseño de mecanismos de apoyo a la agricultura: Estados Unidos defendiendo el proteccionismo y China defendiendo el librecambio “vivir para ver”; el auge del unilateralismo; la pérdida de fuelle de la cooperación internacional como medio para afrontar los desafíos globales; y la desconfianza ciudadana en las instituciones nacionales e internacionales.
A todo ello hay que añadir la incertidumbre sobre el Presupuesto de la PAC. Cierto que conocemos el nuevo marco financiero provisional y que las noticias no son buenas, puesto que el presupuesto de la UE se incrementa en torno a un 16%, mientras que la PAC se reduce en un 8%. Pero siguen siendo propuestas.
Lo que sí conocemos bien son las orientaciones de la Comisión, recogidas en la Comunicación de 29 de noviembre de 2017: “El futuro de la alimentación y la agricultura”. Está por ver lo que opina el Consejo y el Parlamento que se constituirá en otoño del 2019, e incluso la nueva Comisión de estas orientaciones, pero lo que sí parece estar claro es el cambio en la gobernanza de la PAC, una auténtica revolución. La gestión se desplaza de Bruselas a Madrid, o, tal vez, a 17 organismos decisores en el caso de España. La intención de la Comisión es que sean los Estados lo que elaboren, en un marco establecido por el trílogo -Comisión, Parlamento y Consejo-, sus propios planes estratégicos. Se sustituye el actual enfoque regulatorio por un enfoque de resultados.
En este contexto, el olivar jiennense ha de jugar sus bazas para mantener apoyos, aunque quizá los argumentos sobre la necesidad de la PAC hayan de vincularse a aspectos territoriales y no sectoriales -el olivar como proveedor de bienes públicos, como pegamento de la población al territorio, como un cultivo que contribuye a la mitigación del cambio climático, al mantenimiento del paisaje y el patrimonio cultural, etc.
Necesitar y convenir son verbos con distintos significados. Lo conveniente suele asociarse al corto plazo; lo necesario es de más largo alcance. Por lo tanto, la PAC que necesita Jaén no es la que, tal vez, más le convenga. De ahí que el éxito de la nueva PAC estará en la medida en que se busque un equilibrio entre lo que le conviene y lo que necesita.
La PAC que le conviene a Jaén es aquella que mantenga el “cheque jiennense”. La que necesita, que no es incompatible con la que conviene, es aquella que diseñe nuevos instrumentos encaminados a la gestión de crisis de mercados, esto es, la adecuación de la oferta y de la demanda que evite los efectos nocivos de la volatilidad de los precios; aquella que posibilite una distribución más justa del valor añadido que se genera en la cadena de valor; aquella que propicien una mayor orientación al mercado y, paradójicamente, una menor dependencia de las ayudas PAC; aquella que incorpore medidas que fomenten una mayor diversificación concéntrica y que propicien una oleicultura más inteligente.
Un ejemplo del debate entre lo que conviene y lo que se necesita está en la posibilidad de fijar un techo o capping, es decir, limitar la cuantía máxima de ayuda a percibir por productor. Actualmente, la provincia de Jaén recibe 215 millones de euros por pago básico y 110 millones de euros por pago verde. A ello hay que sumar las ayudas provenientes del segundo pilar de la PAC. Si se fija un techo en 50.000 euros, la provincia, en su conjunto, percibiría 29 millones de euros menos. Si esta cantidad no la perdiese la provincia y se destinara a “lo que necesita” tendría sentido; pero si se pierde y no lo recupera la provincia ni los territorios -comarcas- de donde se detraen no tiene sentido, no conviene el capping. Así pues, el capping, por ejemplo, generaría opiniones contrapuestas sobre su oportunidad o no, dependiendo del destino del dinero que nos dejamos en el camino. Si es para lo que se “necesita” yo estaría de acuerdo, pero si se pierde, obviamente no.
En fin, lo importante es que, desde la provincia, se lidere la PAC para el olivar, ese es el gran debate. Pues pongámonos a ello cuanto antes.
Manuel Parras Rosa
Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados. Universidad de Jaén
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